De acuerdo con el curriculum vitae (CV) de la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, entre el 2012 y 2015, se desempeñaba como “responsable de la coordinación en distintas etapas de proyectos de transporte e infraestructura, así como su gerenciamiento, incluyendo la estrategia, evaluación, planificación, licitación, diseño, presupuesto, programación y control” en la empresa C Y D Ingeniería (Cruz y Dávila) de Chile.
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Esta empresa, donde la ministra era funcionaria, se quedó con el contrato para la fiscalización del sistema de alcantarillado en las localidades de Santa Rita, Santa Rosa del Aguaray, Carapeguá y San Ignacio Guazú.
La resolución N° 2427 del MOPC por la cual se adjudica al Consorcio ELC - CYD integrado por Electroconsult del Paraguay SA y Cruz y Dávila, tiene fecha del 23 de diciembre del 2023 y lleva la firma de la ministra Centurión, pero hasta el cierre de esta edición dicha adjudicación no aparece en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Fueron 7 los oferentes que se presentaron al llamado según la apertura de actas donde todos cotizaron el trabajo de fiscalización en G. 19.099 millones, monto por el cual finalmente se adjudicó.
Tratamos de hablar con la ministra Centurión al número con terminación 969 pero no tuvimos retorno.
Aparente conflicto de intereses
Otro dato resaltante en este proceso de fiscalización de obras de alcantarillado tiene que ver que el representante del Consorcio ELC C Y D es Carlos Victorino Rolandi Masi. Sugestivamente, Rolandi Masi es suegro de Abelardo Martínez Ledesma, administrador del contrato de la obra y funcionario del MOPC con un salario mensual de casi G. 14 millones, de acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Las construcciones
En lo que respecta a la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, fueron adjudicadas estas fitmas: Sociedad Constructora Chaco SA, por G. 75.049 millones; Construcciones y Viviendas Paraguayas SA, por G. 82.459 millones; el Consorcio Rovella TOCSA, por G. 114.423 millones; y Consorcio Sanitario Carapeguá por G. 87.004 millones.
La inversión es de G. 358.937 millones, alrededor de US$ 45 millones y cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
En lo que tiene que ver con el ejercicio general de la cartera de obras (en conjunto) del año pasado, cerró con adjudicaciones por US$ 581 millones. Sin embargo, la mayoría de los proyectos presentan un muy lento avance.
El MOPC se maneja actualmente con total hermetismo, y ni siquiera socializa la ejecución presupuestaria mensual como se presentaba anteriormente.