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#LaMafiaManda: Orlando Arévalo amplía denuncia contra el juez Osmar Legal

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Juez Osmar Legal
Juez Osmar Legalgentileza

El exdiputado Orlando Arévalo amplió su denuncia contra el juez Osmar Legal, a quien acusa de manipular pruebas y frustrar procesos judiciales en el marco del escándalo #LaMafiaManda. Según la denuncia, el magistrado habría alterado conversaciones extraídas de un celular y filtrado información a la prensa con fines extorsivos y políticos.

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El exdiputado Orlando Arévalo (ANR-HC), bajo patrocinio de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, presentó hoy una ampliación de denuncia contra el juez Osmar Legal, quien es señalado por presuntos delitos vinculados a la manipulación de evidencias en el escándalo conocido como #LaMafiaManda.

La denuncia, presentada ante el Ministerio Público, acusa al magistrado de incurrir en los delitos de “frustración de la persecución y ejecución penal”, “denuncia falsa”, “quebrantamiento de depósito” y “realización del hecho por funcionario”, tipificados en el Código Penal.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos declaró a ABC que, tras acceder a las copias del cuaderno de investigación fiscal y realizar un análisis detallado, decidieron presentar esta ampliación de denuncia. Según su evaluación, el juez Osmar Legal, además de haber incurrido en prevaricato, habría cometido otros delitos.

Según el escrito, Legal habría conformado una estructura delictiva para ocultar, destruir y manipular pruebas que podrían haber derivado en procesos judiciales contra terceros. Además, se alega que dicha información fue utilizada de manera selectiva con fines extorsivos, políticos y económicos.

Denuncian presunta manipulación de conversaciones

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la acusación contra el juez Legal por haber presentado una denuncia basada en conversaciones editadas del teléfono del exdiputado Eulalio Gómez.

Según la denuncia presentada por Arévalo, las capturas de pantalla de los chats fueron manipuladas para hacer creer que se cometió el delito de tráfico de influencias, lo que habría sido utilizado en su contra. También se denuncia que el magistrado entregó estas conversaciones a los medios de comunicación, violando el debido proceso.

Orlando Arévalo, en fotos de archivo.
Orlando Arévalo, exdiputado por el Partido Colorado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El documento sostiene que Legal accedió de manera indebida al contenido del celular de Gómez mediante un anticipo jurisdiccional de pruebas, un procedimiento que, según la defensa de Arévalo, debía estar bajo la competencia exclusiva del Ministerio Público.

El abogado Duarte Cacavelos señaló que las decisiones adoptadas por el magistrado desde diciembre tienen implicancias jurídicas significativas. “Desde el momento en que resolvió algo que no se le solicitó, pudo haber incurrido en un hecho punible”, afirmó.

Asimismo, destacó que el juez era consciente de que estaba actuando de manera irregular. Explicó que, en el escrito presentado ante el Ministerio Público, Legal evitó calificar su presentación como una denuncia, aunque incluyó nombres de personas y conversaciones.

“Con esta denuncia contra Arévalo, el juez intenta protegerse y desviar la atención de algo aún más grave que él mismo hizo. Además, busca presentar a Lalo Gómez como una persona deshonesta y justificar, de alguna manera, que merecía ser asesinado. Así se planteó el caso, pero debemos entender que el debido proceso debe respetarse incluso con Satanás”, sentenció el abogado.

El proceso judicial y las implicancias del caso

La ampliación de la denuncia se suma a la presentada el pasado 17 de febrero, en la que Arévalo ya había acusado al juez de prevaricato. En aquel entonces, la defensa del exdiputado manifestó que podrían surgir otros hechos punibles a medida que avance la investigación fiscal.

El caso #LaMafiaManda sigue generando una fuerte polémica en el ámbito judicial y político, pues expone presuntas irregularidades dentro del sistema de justicia y la política, que podrían implicar el uso indebido de información para influir en decisiones judiciales y presionar a determinados actores.

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