Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), cuyo titular es Jaime Bestard (ANR, HC), mantuvo la semana pasada reuniones con colorados disidentes y algunos referentes de la oposición, quienes le expresaron preocupación por el torcido proceso licitatorio para la adquisición de máquinas de votación para las elecciones municipales 2026 y generales 2028.
Según las denuncias, el oficialismo presiona al TSJE para que el concurso ganen las empresas “amigas”, especialmente ITTI o Technoma, firmas ligadas al presidente de la República Santiago Peña, cuando este era accionista de Ueno hasta que se vio obligado a vender su participación.
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Sin embargo ante las denuncias públicas, el oficialismo habría ordenado a los directivos de ITTI retirarse para calmar las críticas. El próximo paso sería actuar detrás de la oferente coreana Miru Systems o la empresa local Tecmont SA, del titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte Luraghi, y apadrinada por José Alberto Aderete, asesor político de Peña y vicepresidente 3° del Partido Colorado, cuyo titular es Horacio Cartes.
Señalan incluso que las constantes denuncias de direccionamiento por parte de Miru Systems, cuyo CEO es Jin Bok Chung, así como reiteradas suspensiones del proceso por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cuyo titular es Agustín Encina, forman parte del plan oficialista.
De esta manera la oposición y la disidencia han pasado de dudar de la Justicia Electoral a salir en defensa de su autonomía y denunciar que Contrataciones Públicas, un ente dependiente del Ejecutivo, pone trabas adrede al sistema democrático.
El cartismo busca así hacerse con la tecnología que defina las elecciones municipales y generales por los próximos 10 años y un concurso público por valor de US$ 93 millones.
El cartismo rechaza a Smarmatic
De cualquier modo la orden del cartismo sería rechazar a cualquier costo a la oferente Smarmatic, una multinacional de capital venezolano, norteamericano e inglés.
La misma fue una de las finalistas en la licitación de alquileres de máquinas de votación en 2019 perdiendo ante la Argentina MSA, cuyas máquinas se usaron en las municipales 2021. En el 2022 se quemaron varias máquinas y las restantes se usaron en las generales de 2023.
La licitación involucra la compra definitiva de 23.000 máquinas de votación, su programa y sistemas auxiliares de respaldo, la capacitación y otros. Dichas máquinas no deben transmitir ninguna votación, solo imprimen en una sola papeleta los votos de elector así como el voto preferente en caso de cargos plurinominales. También imprimen las actas.