Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), presidente de la Cámara de Senadores, formalizó el pedido mediante una nota dirigida a la Contraloría y publicada en su cuenta de X. Sin embargo, la iniciativa es vista como una reacción tardía y políticamente forzada, puesto que hace 15 días, el Senado expulsó a Norma Aquino, alias Yamy Nal, por 40 votos a favor.
La legisladora había denunciado en audios filtrados una supuesta “repartija” de US$ 8 millones de Taiwán entre los “cuates” del cartismo. Mencionó directamente a Bachi Núñez, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Lizarella Valiente y Silvio “Beto” Ovelar.
La expulsión fue interpretada como un castigo político por ventilar esas acusaciones. A diferencia del senador cartista Javier “Chaqueñito” Vera, quien fue suspendido por 60 días, sin goce de dieta. En su reemplazo se encuentra Lucía Mendoza de Cruzada Nacional.
El rol de la Contraloría y las dudas de independencia
La Contraloría General de la República, encabezada por Camilo Benítez, es el organismo al que se encomendó la revisión de los contratos. Pero la movida despierta cuestionamientos:
La propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya había señalado el 3 de junio que estas contrataciones “escapan de su competencia” y entran en la categoría de licitaciones no reguladas.
Benítez ha sido vinculado políticamente con el cartismo, lo que genera sospechas sobre la independencia del proceso de verificación. Además, dentro del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado y la Corrupción, la Contraloría ocupa un rol subordinado al Ejecutivo, lo que limita su peso real en la fiscalización, aunque el mismo lo niega.
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El titular del Senado escribió: “Como presidente del Congreso Nacional, solicito a la Contraloría General de la República verificar procesos de contratación del proyecto de modernización y mejoramiento de infraestructura legislativa, en el marco de cooperación con la República de China – Taiwán. Nuestro compromiso es fortalecer la transparencia y rendición de cuentas”.
La nota enviada por Núñez reconoce que, según la DNCP, las contrataciones con fondos de Taiwán no están sujetas a las reglas habituales de licitación pública. Aun así, pide a la Contraloría una revisión “en aras de fortalecer los principios de transparencia y probidad”.
El anuncio de Bachi Núñez aparece más como un gesto de control político que como una acción preventiva de transparencia. El momento elegido, inmediatamente después de la crisis interna del cartismo por el caso Yamy Nal, refuerza la percepción de un intento de recuperar credibilidad tras las graves acusaciones.