María Esther Roa advierte pacto político detrás de ley que favorece a ministros

Santiago Peña firmó el 29 de diciembre pasado la ley que devuelve feudos a ministros de Corte de la Corte Suprema.
Santiago Peña firmó el 29 de diciembre pasado la ley que devuelve feudos a ministros de Corte de la Corte Suprema. CARLOS ORTEGA - GENTILEZA

La abogada y activista anticorrupción María Esther Roa cuestionó duramente la promulgación de la ley que restituye las circunscripciones judiciales a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la medida consolida un sistema de “feudalismo judicial” y evidencia una creciente injerencia política en el Poder Judicial.

La abogada y activista anticorrupción María Esther Roa cuestionó duramente la promulgación de la ley que restituye las circunscripciones judiciales a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, señalando que la medida consolida un sistema de “feudalismo judicial” y evidencia la creciente injerencia política en el Poder Judicial.

Según Roa, la decisión se dio luego de una reunión secreta entre el presidente de la República, Santiago Peña, y ministros de la Corte, tras la cual —afirmó— se habrían concretado pactos políticos. “Ese acuerdo es permitir que los ministros sigan operando en esos lugares donde hay mucho poder económico y criminalidad”, expresó.

Reunión secreta y pérdida de confianza

La activista consideró que dicho encuentro fue percibido por la ciudadanía como una señal de partidización de la justicia. “Para la gente fue una declaración de que la Corte responde a un sector político. Esto es gravísimo en un país donde la corrupción prácticamente no se castiga”, sostuvo.

Añadió que, con este tipo de acuerdos, “la regla en Paraguay seguirá siendo la impunidad”, ya que no existen actualmente contrapesos reales entre los poderes del Estado.

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Rechazo a la rotación frustrada

Roa recordó que la normativa anterior, impulsada en su momento por el entonces senador Pedro Santa Cruz, establecía la rotación de ministros en las circunscripciones por un periodo de dos años sin reelección, medida que nunca llegó a aplicarse y que debía entrar en vigencia en febrero de 2026.

“Destruir una ley que ni siquiera entró en práctica demuestra que hay algo grande detrás. Hoy el ministro superintendente se convierte en un señor feudal al que solo se le debe lealtad”, afirmó.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la abogada alertó sobre la “captura total” del Estado por parte de la clase política y sostuvo que el 2026 debe ser “el año de la ciudadanía”. En ese sentido, llamó a los gremios de abogados y a la sociedad civil a movilizarse para exigir cambios y defender la independencia judicial.

Si no hay reacción ciudadana, estamos totalmente desprotegidos. La única forma de hacer contrapeso hoy es la gente en la calle”, concluyó.