La reciente sanción del proyecto de ley que modifica la organización interna de la Corte Suprema de Justicia, y que ahora está pendiente de promulgación por el presidente Santiago Peña, generó una fuerte polémica política y jurídica más aún luego de descubrirse una reunión secreta.
El exsenador Pedro Santa Cruz (PDP), uno de los principales impulsores de las reformas que lograron eliminar los llamados “feudos judiciales”, lanzó una alerta pública al advertir que la nueva normativa representa un grave retroceso institucional, al devolver a los ministros de la Corte el poder concentrado y debilitar los mecanismos de control ciudadano.
Durante el periodo legislativo anterior, Santacruz impulsó modificaciones que limitaron la permanencia indefinida de ministros superintendentes y establecieron mecanismos de votación pública y transparente dentro de la Corte Suprema.
Estas reformas apuntaban a desmantelar estructuras históricas donde ciertos ministros controlaban circunscripciones judiciales durante años, generando redes de influencia, favores y presiones internas, conocidas popularmente como feudos judiciales.
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Sin embargo, el proyecto recientemente sancionado por el Congreso que fue presentado el año pasado por el senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista y por los senadores Silvio “Beto” Ovelar y Édgar López, éste último miembro titular ante el Consejo de la Magistratura (CM) pretende reestablecer el voto secreto para la elección de autoridades de la Corte
Asimismo, elimina límites claros a la duración de mandatos de superintendentes y deja en manos de la propia Corte la regulación de su permanencia interna
Para Santacruz, esto equivale a “volver al pasado”. “Costó años desmontar estructuras de poder enquistadas en el Poder Judicial. Esta ley revive exactamente lo que habíamos logrado eliminar”, advirtió el exsenador.
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La controversia se intensificó tras conocerse la existencia de una reunión reservada entre el presidente de la República, Santiago Peña y algunos ministros de la Corte Suprema, realizada mientras el proyecto en el Congreso aún estaba en tratamiento.
El encuentro, que no fue anunciado oficialmente ni registrado en agenda pública, generó fuertes cuestionamientos sobre posibles negociaciones a espaldas de la ciudadanía y conflictos de intereses, considerando que la ley beneficia directamente a la cúpula judicial.
Abogados y sectores académicos advirtieron que este tipo de reuniones comprometen el principio de independencia de poderes y contradicen los estándares de transparencia que exige la Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública.
Advertencias legales y constitucionales
Diversos abogados como Santa Cruz, María Esther Roa, Sofía Sánchez, Tamara Roa entre otros en una nota remitida al Senado sostienen que la normativa sancionada choca con principios constitucionales básicos, como: La publicidad de los actos de gobierno, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el Poder Judicial.
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Además, recuerdan que el voto secreto solo está previsto para elecciones populares, no para decisiones administrativas internas de órganos del Estado.
Con la ley ya sancionada, el foco se traslada al Poder Ejecutivo. El presidente Santiago Peña tiene ahora la potestad de promulgar o vetar la normativa.