El proyecto de ley que modifica la organización interna de la Corte Suprema de Justicia, ahora ya promulgado, generó una fuerte controversia política y jurídica, más aún luego de descubrirse una reunión secreta entre el presidente Peña con seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia en Mburuvicha Róga, donde, además, pese a los intentos de desmentido tardíos, se sospecha que estuvo el titular de la ANR, Horacio Cartes (versión negada).
El exsenador Pedro Santa Cruz (Partido Democrático Progresista), uno de los principales impulsores de las reformas que lograron eliminar los llamados “feudos judiciales”, lanzó una alerta pública al advertir que la nueva normativa representa un grave retroceso institucional, al devolver a los ministros de la Corte el poder concentrado y debilitar los mecanismos de control ciudadano.
Para Santa Cruz, esto equivale a “volver al pasado”. “Costó años desmontar estructuras de poder enquistadas en el Poder Judicial. Esta ley revive exactamente lo que habíamos logrado eliminar”, advirtió el exsenador.
Durante el periodo legislativo anterior (2018-2023), Santa Cruz impulsó modificaciones a la ley que limitaron la permanencia indefinida de ministros superintendentes –obligándolos a rotar cada año– y establecieron mecanismos de votación pública y transparente dentro de la Corte Suprema.
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Estas reformas apuntaban a desmantelar estructuras históricas donde ciertos ministros controlaban circunscripciones judiciales durante años, generando redes de influencia, favores y presiones internas, conocidos popularmente como feudos judiciales. La rotación, en vigencia desde mediados de 2023, duró menos de dos años.
Sin embargo, el proyecto recientemente sancionado por el Congreso y promulgado por Peña, presentado el año pasado por el senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista, y por los senadores Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y Édgar López (PLRA, aliado cartista), este último miembro titular ante el Consejo de la Magistratura (CM), permite volver a convertir a ministros en “señores feudales” en circunscripciones muy sensibles.
Abogados y sectores académicos advirtieron que este tipo de reuniones compromete el principio de independencia de poderes y contradice los estándares de transparencia que exige la Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública.
Diversos abogados como Santa Cruz, María Esther Roa, Sofía Sánchez, Tamara Roa, entre otros, en una nota remitida al Senado sostienen que la normativa sancionada colisiona con principios constitucionales básicos, como: la publicidad de los actos de Gobierno, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el Poder Judicial.
La abogada y activista por la Coordinadora “Somos Anticorrupción Paraguay” (Sapy), María Ester Roa, también había advertido la semana pasada que llamativamente hay ministros de la Corte que quieren “encallar” en zonas del país donde pululan el dinero y el crimen organizado.
“Los feudos tienen que continuar porque es importante que (el presidente de la Corte Suprema de Justicia) César Diesel esté en Alto Paraná y en Amambay. Son dos circunscripciones muy importantes para muchos, primero por el nivel económico que se mueve y, por otro lado, el negocio de la criminalidad. Son dos circunscripciones muy importantes donde el crimen organizado también abunda”, dijo Roa.
De hecho, antes de la promulgación de Peña ya hubo un “cambio de favores”, puesto que la Justicia falló a favor del Ejecutivo, y en contra de la ciudadanía, al ser cómplice de la denegación de información pública sobre la lista de visitas fuera de agenda al mandatario en la residencia presidencial.
A modo de mayor “escarmiento”, la justicia incluso impuso las costas del proceso para acceder a dicha información a los ciudadanos solicitantes, en este caso, el abogado Ezequiel Santagada y el comunicador Hugo Portillo.
A esto hay que sumarle que tanto desde la Corte como del Ejecutivo inicialmente hubo un pacto de silencio sobre la reunión, de la cual se supo recién mediante la prensa y varios días después se vieron forzados a admitir su realización.
Tibia respuesta sobre “mafia”
Salvo la oposición de algunos ministros de la Corte no cartistas, el resto apoyó esta restitución de feudos sin que exista justificación sobre la ventaja real para la ciudadanía. Muestra del poco interés de los ministros en los problemas de justicia es que todos ellos integran la Circunscripción de Capital, donde se desarrolló el mayor caso de instrumentación de la justicia, el conocido caso de la “Mafia de los pagarés”.