La Itaipú Binacional, cuyo director paraguayo es Justo Zacarías Irún (exgobernador del Alto Paraná y exdiputado colorado cartista), se encuentra impulsando un millonario proceso de selección de precios destinado al alquiler de camiones de carga, una iniciativa que ha comenzado a generar fuertes cuestionamientos debido a su opacidad logística y su particular coincidencia electoral.
El llamado, que contempla una inversión global superior a los G. 6.580 millones, se presenta bajo la modalidad de sistema de registro de precios para futura contratación de servicios de alquiler de camiones de carga y abarca una cobertura operativa sobre toda la República del Paraguay.
Si bien la serie de documentos publicados en el portal web de la binacional desglosa con el presupuesto y las normativas técnicas exigidas a los oferentes, existe una omisión deliberada y llamativa sobre la finalidad institucional o el uso detallado que se le dará a estos vehículos de gran porte.
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Pliegos de bases y condiciones del llamado de Itaipú
El pliego de bases se limita a mencionar el transporte de cargas de forma genérica.
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Las especificaciones técnicas dividen la contratación en dos grandes categorías: por un lado, camiones de eje sencillo con capacidad para 5.000 kilos y bordes de carrocería alta por G. 2.170 millones, y por el otro, unidades de doble eje con capacidad de 15.000 kilos por G. 4.410 millones, sumando entre ambos un recorrido proyectado de cientos de miles de kilómetros por las rutas nacionales.
Uno de los puntos más críticos (3.5) del documento establece que la empresa adjudicada deberá garantizar obligatoriamente la capacidad operativa para prestar los servicios de manera simultánea en distintos departamentos del país. Esto, otorga a la Itaipú la potestad de movilizar una flota masiva de transporte en cualquier localidad, según su solo pedido.
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Esta flexibilidad logística, sumada a la falta de un plan de trabajo público, cobra una relevancia porque se ejecutará en pleno año de elecciones municipales, un contexto en el que históricamente los recursos y la infraestructura de las binacionales han sido señalados por su vulnerabilidad ante el uso clientelar.
La estructura del contrato permite que los camiones, con conductor y combustible incluidos por el contratista, queden a disposición de la entidad justo cuando la actividad proselitista se intensifica en los distritos.
Así se facilita potencialmente el traslado de víveres y otros insumos que suelen ser utilizados para promocionar candidaturas bajo la fachada de asistencia social, desvirtuando así la naturaleza técnica de la inversión pública en beneficio de intereses electorales.