La Cámara de Diputados emitió a finales del año pasado dos reportes oficiales sobre la “productividad” legislativa, uno de ellos con datos del último semestre (junio a diciembre de 2025) y otro, un recuento de asistencia con base en los registros de votación, lo cual evidenció que hay varios legisladores que tal vez aparecen en algún momento de las sesiones, pero desaparecen en el trascurso de ellas.
El dato es relevante más ahora, ya que serán estos mismos diputados los que este jueves próximo deberán votar por la reforma de la Caja Fiscal, que si bien es sumamente necesaria, no se realizaría predicando desde el ejemplo, sino por el contrario, aferrados a sus privilegios.
En la nómina elaborada por la Dirección de Estadísticas de la Cámara de Diputados se observa el recuento de la cantidad de votaciones de cada legislador desde el inicio del periodo legislativo en julio de 2023 hasta noviembre del año pasado, donde 18 de los 80 legisladores tienen más ausencias que votaciones efectivas.
Hay que enfatizar que el registro no es determinante para catalogar de “alta” la productividad de los que registran elevados índices de asistencia, ya que entre ellos hay varios que no toman intervención ni siquiera en la etapa de oradores para abordar problemáticas de sus departamentos.
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Se pueden citar, por ejemplo, los casos de la diputada cartista Fabiana Souto (esposa del vicepresidente de la República, Pedro Alliana), que en todo este tiempo no ha hecho uso de palabra en las sesiones y no ha presentado siquiera un pedido de informes.
También hay que considerar que los cartistas (en su mayoría) son los que más presencias registran, pero también son los que cuando no quieren tratar algún tema, dejan sin quorum las sesiones.
Entre los que menos participaciones en votaciones reportan se encuentran el diputado aliado cartista y presidente alterno del Parlatino, Carlos Núñez Salinas (ANR, B), seguido del diputado Rubén Rubin (independiente) y el liberal Rodrigo Blanco.
Esto excluyendo a tres legisladores que ingresaron a mediados del periodo legislativo en reemplazo de fallecidos y un obligado a renunciar, todos ellos cartistas. Se trata de Saúl González, quien reemplazó a Orlando Arévalo (que renunció); David Jara, sustituto del fallecido Derlis Rodríguez, y Santiago Benítez, suplente de Eulalio “Lalo” Gomes (+).
De más está decir que si bien el reglamento de la Cámara Baja establece sanciones por ausencias injustificadas reiteradas -como ser el descuento de salario-, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, no ha castigado a ningún colega por este motivo.
A diferencia de sectores docentes (del magisterio nacional y universitarios) y las de Fuerzas Públicas (policías y militares) a los que pretenden cargar más años de trabajo para llegar a la jubilación, el asistir y participar de las sesiones una vez por semana (de forma ordinaria) es una de las pocas obligaciones que poseen los legisladores.
Esto ya que tienen habilitada la asistencia de manera virtual a las reuniones de comisiones, que suelen realizarse los lunes. También gozan de 3 meses de receso parlamentario. Todos ellos cobran mensualmente G. 37.900.000 (dieta más otros beneficios).
No tocarán privilegios en paralelo
Si bien se planteó formalmente durante la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso, la mayoría cartista no permitió que se trate la reforma o eliminación de la jubilación vip parlamentaria este jueves, como primer punto antes de tratar la reforma de la Caja Fiscal.
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Es decir, la Cámara Baja en su primer trámite podría elevar el porcentaje y años de aporte, así como la edad (hasta 62 años) para docentes, policías, militares, médicos, magistrados y otros, sin modificar sus propias condiciones de privilegio.
Los legisladores pueden jubilarse de manera extraordinaria con solo 55 años de edad y 10 de aporte, cobrando el 60% de la millonaria dieta parlamentaria (serían G. 22.740.000 en la actualidad), o de manera ordinaria, donde la pensión a cobrar se incrementa al 80% de la dieta (unos G. 30.320.000), con solo 55 años de edad y 15 de aporte.
Actualmente existen al menos dos proyectos de ley ya presentados con relación a la jubilación vip parlamentaria, una de ellas de los diputados Raúl Benítez (Independiente) y Johanna Ortega (Partido País Solidario), que plantea su eliminación.
El otro, es un proyecto de “reforma” planteado por el actual Consejo de Administración de la Caja Parlamentaria, que plantea -entre otras cosas- elevar de 55 años de 65 años de edad el mínimo para la jubilación.
Esta última iniciativa duerme precisamente en Cámara de Diputados desde junio del año pasado. Si hubiese voluntad política, cualquiera de ellas se podría tratar.