Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado), resolviera declarar en cuatro intermedio la sesión extraordinaria de debate sobre una modificación a la jubilación de parlamentarios, dio inicio alrededor de las 10:30 la sesión centrada en analizar el polémico proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal).
Luego de un cierre de debate y solamente con una segunda votación, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. La propuesta tuvo 40 votos a favor.
Con la aprobación en general de los diputados del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal, a tambor batiente, y salvo algunas intervenciones en algunos artículos, se procedió al estudio en particular de la propuesta hasta alcanzar una media sanción de la versión dictaminada de la Comisión de Presupuesto.
Según el argumento del Poder Ejecutivo, es necesario tomar medidas, como incrementar los aportes de los afiliados y establecer edades mínimas de jubilación para las cajas deficitarias del funcionariado público -las de docentes y fuerzas de seguridad– para detener el déficit de la Caja Fiscal, que llegó a 400 millones de dólares en 2025, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Al comenzar la sesión, el diputado Roberto González (ANR) propuso aplazar el estudio del proyecto de reforma argumentando que varias aristas del mismo requieren un análisis detallado, una moción que fue rechazada. Este rechazo provocó la retirada del recinto de la bancada liberal, encabezada por el diputado Enrique Salyn Buzarquis (PLRA).
Cartistas defienden reforma y piden “solidaridad” al pueblo
Al hacer uso de la palabra, el diputado oficialista Hugo Meza (ANR) defendió el proyecto modificado de reforma que presentó el Poder Ejecutivo como una necesidad para “cuidar la jubilación” de los trabajadores.
Recordó que los docentes ya jubilados o quienes se jubilarán este año no se verán afectados por la nueva ley, al no aplicarse la retroactividad, y pidió a los funcionarios públicos activos –a quienes la reforma sí afectará- “ser solidarios” para que los futuros jubilados puedan “seguir cobrando”.
En líneas similares de apoyo a la reforma se manifestaron los diputados cartistas Jatar Fernández y Rodrigo Gamarra (ambos de la ANR).
“Esta reforma no es contra nadie, es la búsqueda de un consenso entre las partes afectadas, de una solución para que mañana todos aquellos que hoy aportan a la Caja puedan disfrutar de ese beneficio que les corresponde por derecho”, dijo el diputado Gamarra, quien lanzó críticas -sin dar nombres– contra “un sector interesado, populista, mentiroso, totalmente fuera de lugar, con desconocimiento institucional total”, en una aparente referencia a la propuesta opositora de eliminar la Caja Parlamentaria, que regula la jubilación de los legisladores.
Opositores piden ajuste de cinturones al Estado antes de tocar jubilaciones
En contraste, varios parlamentarios opositores se manifestaron en contra de apresurar el tratamiento del proyecto del Ejecutivo.
Entre ellos, el diputado Carlos Pereira (PLRA), quien afirmó que el proyecto original de reforma del Ejecutivo fue elaborado con la intención de generar ansiedad entre los funcionarios públicos para luego presentar una versión “intermedia”, como la que se debate hoy, para “presentar como salvador” el Ejecutivo y favorecer las chances del oficialismo en las próximas elecciones presidenciales.
“Algunos dirigentes sindicales van a celebrar la propuesta intermedia y los verdugos que cargan esto sobre el trabajador van a salir como responsables de una victoria”, señaló.
El diputado Pereira argumentó que, para “cuidar la plata” del pueblo, la prioridad de la clase gobernante debería ser un “ajuste de la gestión del Estado paraguayo” que implique la “eliminación de tantos planilleros que desangraran a la República” y opinó que solo luego de que esas medidas sean tomadas se podría hablar de tocar las jubilaciones del funcionariado público.
El diputado Miguel Martínez (PLRA) instó a sus colegas a “aplicar la motosierra” -en una aparente referencia al modelo de austeridad estatal que el presidente argentino Javier Milei pregonó durante su campaña electoral– para mejorar el gasto público.
Piden más aporte al Estado
La diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional), mientras tanto, enfatizó que el Estado debe incrementar su aporte a la Caja fiscal por encima del 1 por ciento que aportará según el plan de reforma del Ejecutivo, que plantea incrementar ese aporte gradualmente de forma anual hasta llegar al 5 por ciento.
La legisladora argumentó que el proyecto de reforma que presenta el Gobierno es un “parche” que solo permitiría dar previsibilidad a la Caja Fiscal por un periodo de entre cinco y ocho años, y opinó que Paraguay debería seguir el ejemplo que brindan los sistemas previsionales de países vecinos, como Uruguay, cuyo Gobierno gasta más en su sistema jubilatorio.
La diputada Leidy Galeano, también de Cruzada Nacional, añadió que el Estado paraguayo ha aportado “mal y tarde” a la Caja Fiscal, y urgió la realización de una auditoría al sistema de jubilaciones del sector público.
“Una reforma sin auditoría es una estafa moral, una reforma sin diálogo es imposición y una reforma que castiga al que menos tiene es injusticia institucionalizada”, declaró.
Cuestionan apuro por aprobar la reforma
Mientras tanto, la diputada Dalia Estigarribia (PLRA) cargó contra la intención del oficialismo de apresurar el tratamiento y aprobación de la reforma y urgió escuchar a los docentes, policías y militares que se verán afectados y quienes piden más tiempo de estudio del proyecto.
La diputada Johana Ortega (País Solidario) opinó que, al apresurar el tratamiento de la reforma, el gobierno del presidente Santiago Peña da a sus ciudadanos un mensaje de indiferencia ante sus reclamos y de falta de respeto a sus propios correligionarios colorados, que componen una gran parte de los gremios afectados.
“Esto reforma no es, esto no es más que darle oxígeno a Santiago Peña para que siga paseándose en autos de lujo y helicópteros”, subrayó, y calificó de “inmoral” que se pida a los gremios que soporten “un parche de mentira” mientras los parlamentarios no son capaces de “dar un gesto” y eliminar la jubilación privilegiada de la que gozan.
Tras su intervención, la diputada Ortega se retiró de la sesión.
“Con la decisión de rechazar el aplazamiento de esta ley le estamos diciendo a la gente en la calle que no nos interesan sus problemas”, dijo el diputado Diosnel Aguilera (PLRA), quien acusó al oficialismo de buscar “sembrar odio entre los pobres” al insinuar que los funcionarios públicos tienen la culpa del déficit de la Caja Fiscal.
Luego de la aprobación y envío de la propuesta a la Cámara de Senadores, la sesión extraordinaria donde los legisladores tratan la Caja Parlamentaria se reanudó y continúa en marcha con sus oradores, entre ellos, el diputado Jatar “Oso” Fernández, quien apuntó que los manifestantes son educadores y estos darían una “muy mala señal” a los niños.
Por su parte, el cartista Rodrigo Gamarra cuestionó que si se borra de un “plumazo” la Caja Parlamentaria, “¿quién pasaría a solventar a aquellos que gozan de ese derecho”?
