El Ministerio de Justicia (MJ), a cargo de Rodrigo Nicora, adjudicó un llamado de G. 30.000 millones al Consorcio TC, que apunta a la reconstrucción, restauración y remodelación de Tacumbú, Buen Pastor (recientemente cerrada) y otras 27 penitenciarías del país.
El llamado (ID 472329), tuvo varias denuncias y ahora está siendo investigada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras la protesta de una oferente.
Detalles del llamado
Mediante la Resolución N° 1139 firmada el 29 de diciembre de 2025, el MJ adjudicó el contrato por un monto mínimo de G. 15.000 millones y un máximo de G. 30.000 millones, más de 4,5 millones de dólares.
El Consorcio TC está integrado por la Constructora Tapyta SRL, representada por Gabriel Canale y por Canatta Constructora, de Juan Canatta Álvarez.
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La licitación apunta a la realización de trabajos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la excárcel del “Buen Pastor” (cerrada en 2025) y 27 centros educativos y regionales en departamentos como Itapúa, Alto Paraná y Concepción.
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El MJ justifica el llamado en la urgencia de realizar reparaciones estructurales que garanticen la seguridad y habitabilidad en centros con avanzado deterioro.
Durante la etapa de consultas, diversos interesados tildaron los requisitos de “excesivos” y “dirigidos”.
Incluso, tras la evaluación de las ofertas, el Consorcio Clemsa y Asociados impugnó el resultado a través de una protesta promovida ante la DNCP, lo que derivó en la apertura de investigaciones y la suspensión temporal del procedimiento el 15 de enero de 2026. No obstante, la suspensión fue levantada el 21 de enero, permitiendo que el MJ pueda seguir con el curso del llamado y la eventual firma del contrato.
Previamente, la DNCP ya había realizado investigaciones de oficio tras recibir dos denuncias, declarando su cierre directo el 17 de diciembre de 2025.
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Versión del ministro
Rodrigo Nicora confirmó que la institución solicitó y obtuvo el levantamiento de la suspensión del proceso.
Agregó que esta medida se tomó bajo responsabilidad de la Unidad Operativa de Contrataciones del MJ. Aún así, dijo que la firma del contrato aún no se formalizó y que, aún levantada la suspensión, la protesta sigue bajo “análisis de fondo”.
Nicora destacó que el MJ tuvo recientemente una “muy buena experiencia” con una de las firmas del Consorcio TC en la construcción del centro para jóvenes infractores (UTRA) y valoró su “solvencia y seriedad”, al financiar obras con recursos propios ante retrasos estatales, entregando siempre los trabajos en “tiempo y forma” según las auditorías técnicas.