Pese a que en la página oficial de Contrataciones Públicas el llamado a licitación sigue apareciendo como “impugnado totalmente sin suspensión”, el diputado Mauricio Espínola denunció que ya fue adjudicado en noviembre pasado el servicio de lavandería y compra de sábanas por “entre 40 y 80″ millones de guaraníes. Fueron adjudicados dos consorcios, por montos muy por encima del mercado. El parlamentario habló de un “proceso viciado” por varios datos llamativos.
El año pasado, llamó la atención un millonario proceso para el servicio de lavandería con provisión de sábanas por G. 160.000 millones (23 millones de dólares). Oficialmente, en la página de Contrataciones Públicas sigue figurando como impugnado y sin adjudicación concretada.
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No obstante, el diputado colorado opositor Muricio Espínola publicó en redes sociales documentos de la adjudicación. Según el archivo difundido, la resolución salió el 18 de noviembre del 2025 y fueron adjudicados los siguientes consorcios:
- Consorcio DYLAV: Integrado por DYSA Healthcare S.A. e Industrias Médicas del Paraguay.
- Consorcio Industrias Médicas: Integrado por Ao Poti e Industrias Médicas del Paraguay.
Ambos fueron adjudicados por un monto mínimo de G. 40 millones y máximo de G. 80 millones.
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“No se trata solo de un servicio de lavado. La adjudicación correspondiente a la RCA N° 086-018/2025 incluye la “provisión de textiles hospitalarios por evento”, con valores unitarios extremadamente elevados. Ese concepto de “evento” no tiene límites definidos (no se vincula a una cama, paciente, período ni cantidad de sábanas), lo que permite que desde el inicio del contrato se puedan proveer todas las sábanas de todas las camas de los establecimientos cubiertos y facturar, funcionando en los hechos como una compra masiva de bienes disfrazada de servicio, con valores que superan los Gs. 300.000 por cada sábana”, afirmó el diputado.
Además, señaló que el IPS pagará más de G. 40.000 por kilo el lavado y Espínola asegura que ese precio en el mercado corresponde a 10 kilos.
Falta de “competencia real”
Otro dato llamativo destacado por el diputado es que al analizar el expediente puede afirmar que “no hubo competencia real”, pues surgen vínculos societarios y estructuras de control comunes entre las empresas que aparecen como competidoras.
Industrias Médicas del Paraguay S.A., con RUC 80130041-0, aparece en ambos consorcios. No obstante, en los papeles figuran distintos accionistas y directivos.
En el consorcio Industrias Médicas, llama la atención que ambas empresas tienen prácticamente los mismos accionistas: Crhistian Fabián Daud Orué, Eduardo Francisco Daud Orué, Diego Marcelo Daud Orué, Luis Felipe Sousa Mujica, Ramón Núñez Mendoza y Noelia Ibarrolla. Solo Silvia Cantero aparece en una de las empresas.
Firmas vinculadas a un senador
En el consorcio DYLAV, aparecen también tres personas con mismo apellido: Juan, Olivia y Blanca Pettengill. Según los datos, serían hijos del senador Luis Pettengil, quien también aparece ligado mediante su firma OCHO A S.A., que ya fue beneficiada en varias otras adjudicaciones pasadas en el IPS y el MOPC.
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A esos accionistas se suman Ricardo y Federico Hellmers, Juan Appleyeard, Iván Maciel, Benjamín Diaz de Bedoya, Walter Hermosa, Julio Aquino y María García.
Esos datos figuran en los documentos compartidos por Mauricio Espínola en su red social X.
Proceso viciado
Espínola señaló que esos últimos datos demuestran que hubo una “competencia aparente”, es decir un mecanismo donde el procedimiento cumple las formalidades, pero vacía de contenido el principio de libre competencia que exige la ley.
“Lo más delicado es que estas coincidencias no surgen de rumores ni filtraciones, sino de la propia documentación presentada por los oferentes al momento de entregar sus propuestas. No hacía falta investigar afuera: estaba todo en el expediente”, sostuvo.
Hizo énfasis en que esas “señales” debían ser advertidas por el Consejo de Administración, la Unidad de Contrataciones de IPS o la Dirección de Contrataciones.
“La Ley de Contrataciones Públicas no exige solo la presentación de varios sobres; exige independencia real entre oferentes, para garantizar precios razonables y decisiones objetivas. Cuando esa independencia no existe, la licitación pierde sentido. Por eso, este aspecto del caso amerita una revisión específica por parte de los órganos de control. Competencia aparente = proceso viciado. No se trata de opiniones, sino de hechos verificables del expediente, que deben ser explicados y revisados”, sostuvo.