A las 10:00 de este lunes se reanudó el juicio oral y público contra el legislador colorado Erico Galeano, acusado por el Ministerio Público de supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la ley de drogas.
El Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado había dispuesto un cuarto intermedio el pasado 13 de febrero, tras escuchar los alegatos finales de la Fiscalía. En esa ocasión, fijó la fecha para que la defensa exponga sus conclusiones este 23 de febrero.
Con la audiencia prevista para la fecha, el proceso entra en su etapa decisiva.
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Defensa pedirá la absolución
El abogado Luis Almada, representante legal del senador, adelantó que solicitará la absolución de su defendido.
Sostuvo que la acusación fiscal carece de sustento probatorio y afirmó que durante el juicio el Ministerio Público no presentó elementos que demuestren la comisión de los hechos atribuidos a Galeano.
A criterio de la defensa, el proceso debe concluir sin reproche penal para el parlamentario.
Fiscalía solicitó 17 años de cárcel
El Ministerio Público, representado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, solicitó una condena de 17 años de prisión para Galeano, además de su prisión preventiva.
Durante sus alegatos finales, los fiscales sostuvieron que el senador habría brindado apoyo logístico a una estructura criminal vinculada al narcotráfico. Según la acusación, habría facilitado la aeronave con matrícula ZP-BHQ para el traslado dentro del país de supuestos líderes del esquema, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastián Marset.
El fiscal Pak señaló ante el tribunal que la conducta atribuida al legislador habría lesionado la imagen del Congreso Nacional y del país.
Las evidencias mencionadas en el juicio
De acuerdo con la Fiscalía, uno de los primeros indicios de la presunta vinculación de Galeano con el esquema criminal surgió durante un allanamiento en el marco de Operación A Ultranza PY. En ese procedimiento, los investigadores hallaron una factura de la ANDE a nombre del legislador en una vivienda del condominio Aqua Village, en Altos, que —según el Ministerio Público— habría sido utilizada por integrantes de la organización.
Ante ese hallazgo, el senador presentó un contrato privado de compraventa en el que consta que el 14 de octubre de 2020 vendió la propiedad a Hugo González Ramos, actualmente prófugo, por US$ 1.000.000, supuestamente pagados al contado. El documento fue firmado ante la escribana Olga Graciela Peralta.
La residencia, ubicada en el complejo Aqua Village de Altos, fue transferida —según ese contrato— por US$ 1 millón en efectivo, como parte de una operación privada entre las partes.
Sin embargo, el fiscal Corbeta sostuvo que se trató de una operación simulada. Según la acusación, González Ramos sería testaferro “Tío Rico”, quien —de acuerdo con la teoría del Ministerio Público— sería el verdadero propietario del inmueble.
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Etapas pendientes y posible sentencia
Tras la exposición de la defensa, el tribunal —presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza— deberá definir los siguientes pasos procesales.
Corresponde aún la etapa de réplica y dúplica, además de las palabras finales del acusado, antes de que los jueces entren en deliberación para dictar sentencia.
Fuentes cercanas al proceso no descartan que el fallo pueda conocerse este mismo lunes, pero, hasta el momento, no existe confirmación oficial.