El exsenador colorado y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia calificó como “inconstitucional” y “un precedente nefasto” la decisión de la Cámara de Senadores y en especial del cartismo de otorgar un permiso al legislador Erico Galeano, condenado en primera instancia por un caso vinculado al narcotráfico y lavado de dinero.
Según el jurista, la resolución impulsada por el sector político conocido como cartismo no solo tergiversa el reglamento del Senado, sino que además genera una influencia indirecta sobre la justicia, al permitir que Galeano continúe siendo senador “con permiso” mientras litiga su caso en tribunales.
“Lo que no está expresamente establecido en el derecho público está prohibido. Y la Constitución no prevé permisos para esperar condenas judiciales”, afirmó.
“La Constitución no prevé este tipo de permisos”
Estigarribia explicó que la Constitución Nacional no contempla permisos para que un legislador espere la revisión de una condena judicial.
De acuerdo con su interpretación, la Carta Magna solo habilita permisos en casos específicos, principalmente cuando un legislador debe ocupar otro cargo público.
“El reglamento del Senado lo que hace es referirse a la asistencia o inasistencia a sesiones ordinarias. Pero la Constitución no prevé permisos para esperar resoluciones judiciales, ni siquiera para enfermedad”, sostuvo.
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Si bien recordó que en el pasado existieron permisos prolongados por motivos de salud -como el otorgado al entonces senador Fernando Lugo para someterse a tratamiento médico en Argentina-, aclaró que no existen antecedentes de permisos para esperar una sentencia judicial.
“Debieron exigir su renuncia o debatir la pérdida de investidura”
Para el exlegislador, la Cámara Alta tenía dos caminos institucionales: rechazar el pedido de permiso y exigir la renuncia del senador, o activar el mecanismo de pérdida de investidura.
“Lo correcto era tratar el tema en el pleno y debatir si correspondía o no la pérdida de investidura. Pero concederle permiso es un salvataje aplicando el reglamento de manera muy forzada”, señaló.
Estigarribia recordó que el reglamento interno del Senado contempla permisos cuando un legislador falta a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas, pero advirtió que la Cámara está anticipando faltas que aún no ocurrieron.
“Erico Galeano da por sentado que va a faltar a las próximas sesiones, pero nadie puede saber cuándo se va a dictar un fallo judicial”, indicó.
“Se tergiversó el reglamento para beneficiar a una persona”
El constitucionalista considera que el Senado utilizó de forma interesada su reglamento interno, amparándose en el artículo 190 de la Constitución, que permite a cada cámara establecer sus propias normas de funcionamiento.
Sin embargo, afirmó que el espíritu del reglamento es garantizar el funcionamiento de la Cámara, no proteger a un legislador con una condena judicial.
“Lo que hay aquí es una tergiversación interesada de lo establecido en el reglamento para beneficiar a una persona que pertenece al cartismo”, afirmó.
“Un senador con permiso que litiga en ventaja”
Uno de los aspectos más delicados del caso, según Estigarribia, es que Galeano seguirá litigando ante tribunales como senador con permiso, lo que podría generar una presión indirecta sobre los magistrados.
“Él no es un litigante común. Va a litigar como senador con permiso que puede volver en cualquier momento a la Cámara”, explicó.
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El exsenador sostuvo que esta situación es sensible debido a que el Senado tiene representación en órganos clave del sistema judicial paraguayo, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, instituciones vinculadas a la evaluación, selección y enjuiciamiento de jueces.
“Eso constituye una presión indirecta sobre la justicia, porque los magistrados saben que están juzgando a un senador que sigue siendo parte del cuerpo legislativo”, advirtió.
“El cartismo deja un precedente peligroso”
Para Estigarribia, la decisión del Senado abre un escenario problemático para el futuro del sistema político.
“Sienta un precedente nefasto. Ahora cualquier legislador condenado en primera instancia puede pedir permiso y seguir siendo senador mientras espera que su sentencia quede firme”, alertó.
El constitucionalista concluyó que la decisión representa una mala interpretación del reglamento parlamentario y una carga institucional para el Senado.
“Es una mochila demasiado pesada para la Cámara. Se trata de un caso grave, vinculado al narcotráfico y lavado de dinero, y aun así optaron por darle un permiso para seguir siendo senador”, remarcó.