Los informes finales de la Contraloría General de la República (CGR), elaborados tras el examen de correspondencia de los bienes del exdiputado colorado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala de Lambaré Carolina González, revelan maniobras financieras que hoy están bajo la lupa del Ministerio Público. Uno de los puntos centrales de la investigación es la creación de “Gestión Educativa del Paraguay EAS”, una firma dedicada a la enseñanza, cuya constitución fue omitida por el exlegislador en su declaración jurada de baja del cargo, según el documento oficial.
El ente de control detectó la participación accionaria de la pareja en esta sociedad que vincula directamente al poder político de Lambaré, donde “Carol” González se postula actualmente como precandidata a intendenta con el respaldo del exvicepresidente Hugo Velázquez y el senador colorado Luis Pettengill.
Lea más: Arévalo y su esposa admiten omisiones pero no logran justificar sus bienes
Ante las observaciones de la CGR, Arévalo intentó justificar la omisión calificándola como un “error sustentable, producto de un descuido no intencional” (sic). Sin embargo, la documentación oficial expone contradicciones que van más allá de un simple olvido administrativo y que apuntan a una posible falta de trazabilidad de los fondos, por lo que el órgano contralor pidió una mayor profundización al Ministerio Público.
Dudas sobre los aportantes de sociedad con Orlando Arévalo
La empresa se formalizó el 13 de febrero de 2025, solo cinco días después de que Arévalo renunciara a la Cámara de Diputados. Aunque el capital social aprobado es de G. 3.300 millones, la integración inicial fue de G. 100 millones en efectivo, distribuidos equitativamente entre cinco accionistas.
Además del matrimonio, figuran como socias sus hijas, Gloria Natividad (23) y Milagros Belén Arévalo González (24), junto a una joven de 25 años, Jaquelin Isabel Ferreira Benítez. Según los documentos a los que accedió la Contraloría, las jóvenes aportaron G. 20 millones cada una para fundar la empresa. Sin embargo, registros comerciales sujetos a actualización a los que tuvo acceso nuestro diario revelan que las mismas arrastran operaciones impagas por tarjetas de crédito, cuotas de vehículos y otros compromisos financieros.
Ferreira Benítez cuenta, además, con un historial llamativo: a los 20 años ya figuraba como representante de otra firma, Sertic EAS, constituida con un capital de G. 50 millones.
Imputado tras el escándalo de chats de Lalo Gomes
La renuncia de Arévalo, el 8 de febrero de 2025, se produjo en medio de un escándalo tras la filtración de chats con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Dichas conversaciones desnudaron un esquema de supuestos favores económicos para salvar a jueces y fiscales desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Lea más: Imputan a Orlando Arévalo y a dos exmagistradas por presunta coima
Actualmente, el exlegislador se encuentra imputado por presunto cohecho pasivo (coima). La Contraloría concluyó que el equipo auditor no tuvo evidencia suficiente que le permita pronunciarse respecto a la “razonabilidad de la variación patrimonial”, debido a la imposibilidad de confirmar el valor real de los bienes y obligaciones del matrimonio Arévalo-González.
Diferencias en valor de edificaciones de la pareja
El informe de la CGR remitido a la Fiscalía igualmente hace énfasis a la falta de validación del valor real de las edificaciones del exdiputado y su esposa. Un ejemplo es el caso de la propiedad identificada con la cuenta corriente catastral Nº 13-1165-02, que, curiosamente, presentó depreciaciones con el transcurrir de los años. El 15 de febrero de 2025, González cotizó el inmueble en G. 316 millones (G. 200 millones el terreno y G. 116 millones la construcción).
Sin embargo, planillas de la Municipalidad de Lambaré revelan que ya al 25 de septiembre de 2023 se había reportado un valor de G. 551 millones por las obras en ese mismo terreno.
En su descargo, la concejala adjuntó un dictamen pericial ordenado por ella misma en el marco de una denuncia fiscal contra la constructora, el cual arrojó un tercer valor aún más distante: el documento detalla que la edificación existente vale G. 991 millones, con un presupuesto total de obra de G. 1.513 millones, de los cuales ya se habrían entregado G. 1.386 millones a la contratista denunciada.