Los informes de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el patrimonio del exdiputado colorado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala de Lambaré Carolina “Carol” González, exponen un crecimiento económico explosivo. El documento, que integra datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), traza una cronología donde la bonanza de la pareja floreció en coincidencia con su paso por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Según los registros impositivos, el matrimonio operaba con saldos rojos (pérdidas) entre 2016 y 2019. Sin embargo, en 2020 la tendencia dio un vuelco importante, coincidiendo con el nombramiento de Arévalo como parte de la Dirección de Institutos de Formación Docente (IFD), dependiente del MEC.
Para casualidad, el rubro privado de la “enseñanza” –a través también de institutos de formación docente bajo propiedad de la pareja– se consolidó como su principal motor empresarial.
Para el año 2022, los formularios de IVA detallaron que el matrimonio ya facturaba un total de G. 5.046 millones, cifra que para ese entonces ya se traducía en utilidades millonarias para el patrimonio familiar.
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El “gran salto” de Orlando Arévalo
La trayectoria de Arévalo en el MEC ha estado ligada a periodos de notable ascenso financiero. Tras un paso previo entre 2012 y 2013 por la Dirección de Educación Artística, retornó a la institución en 2017. A partir de ese reingreso, sus retribuciones declaradas comenzaron a inflarse: Arévalo pasó de ingresos brutos por G. 184 millones en 2016 a G. 532 millones en 2017.
Su esposa, por su parte, registraba apenas G. 46 millones en ese mismo ejercicio, según los detalles expuestos por la CGR en su informe final.
Pese al aumento en el movimiento, ambos siguieron reportando saldos negativos ante el fisco hasta 2019. El salto radical ocurrió en 2020, cuando la pareja comenzó a declarar ingresos brutos conjuntos por más de G. 2.422 millones, logrando finalmente balances positivos.
La escalada alcanzó su pico de G. 5.046 millones en 2022, año en el que Arévalo presentó sugestivamente su renuncia al MEC.
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El análisis de la Contraloría sobre el periodo informado por la DNIT (2016-2025) arroja cifras contundentes: Arévalo percibió ingresos brutos por G. 6.169 millones, mientras que González acumuló más de G. 16.354 millones.
El ente de control identificó, además, otros ingresos fuera de la función pública que ascenderían a G. 2.969 millones para el exlegislador y G. 8.922 millones para su cónyuge.
El diputado, entre agosto de 2023 y febrero de 2025, y su esposa, en sus respectivos descargos ante el ente de control, se limitaron a reconocer algunas omisiones y realizar las rectificaciones en sus declaraciones juradas.
Sin embargo, ante la imposibilidad de confirmar el valor real de los bienes y obligaciones declarados, el equipo auditor de la CGR concluyó que no existe evidencia suficiente para validar la “razonabilidad” del crecimiento patrimonial del matrimonio Arévalo-González.
Debido a estas inconsistencias, el informe fue derivado al Ministerio Público para una investigación penal que determine el origen lícito de estos fondos.
Movimientos de Arévalo y esposa, bajo la lupa
La CGR remitió su informe sobre el matrimonio Arévalo-González a la Fiscalía precisamente para una verificación más exhaustiva sobre valores y otros movimientos. Uno de ellos tiene que ver con el precio real de las edificaciones realizadas por la pareja.
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El otro ítem es con relación a la creación de “Gestión Educativa del Paraguay EAS”, cuya constitución se hizo el 13 de febrero de 2025, cinco días después de que Arévalo renunciara a la Cámara Baja. Dicha compañía nació con un capital social aprobado de G. 3.300 millones, de los cuales se integraron G. 100 millones en efectivo en su creación.
Arévalo y su esposa pusieron G. 40 millones en total, mientras dos de sus hijas: Gloria y Milagros Arévalo González otros G. 40 millones. Una tercera persona identificada como Jaquelin Ferreira Benítez puso los otros G. 20 millones.