La reacción ciudadana, el sacrificio de los heridos y el eventual asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana (26) forzaron a Horacio Cartes a renunciar a su plan dictatoria.
Esta reacción llegó después de una segunda sesión mau en la Cámara Alta en que 25 senadores cartistas, luguistas, llanistas y oviedistas aprobaran la enmienda constitucional en la oficina o sótano del Frente Guasú en el Congreso.
Este plan oficialista fue impulsado pese a que, meses atrás, senadores opositores y disidentes, usando artículos constitucionales, bloquearan cualquier tratamiento de enimienda sobre la reelección.
Sin embargo el atropello se concretó y el cartismo confiaba en que al día siguiente, el hoy “significativamente corrupto” Hugo Velázquez (ANR), entonces presidente de Cámara de Diputados, sellara el atropello convocando a sesión y sancionando el proyecto de enmienda.
Disparan al diputado Édgar Acosta
Pero todo se salió de control cuando manifestantes llegados desde el PLRA intentaran superar el vallado de seguridad del Congreso y los antimotines dispararan balines de goma a quemarropa dejando desfigurado al entonces diputado liberal Édgar Acosta, quien recibió un tiro directo de escopeta en el rostro.
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En las horas siguientes, más ciudadanos, militantes de la oposición e incluso supuestos barrabravas se sumaron a la movilización para defender nuestra joven democracia.
La Policía abandonó la custodia del Congreso a las 19:00, y los manifestantes ingresaron e incendiaron la sede. Estas imágenes recorrieron el mundo como un símbolo y ejemplo cuando un gobierno intenta instalar una nueva dictadura.
Cerca de las 20:00, la Policía Montada arremetió para recuperar el acceso al Congreso y se registraron actos vandálicos en el centro.
Al menos 211 personas, incluidos adolescentes, fueron arrestadas y llevadas a la sede de la FOPE.
Ataque al PLRA y asesinato de Quintana
Tras la medianoche, en la madrugada del 1 de abril la Policía también coordinó un fatal asalto a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, una incursión que ni durante la dictadura stronista (1954-1989) los jefes policiales se animaron a hacer.
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La orden de atacar la sede del PLRA fue atribuida a una serie de llamadas que el entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, recibió por parte de políticos y empresarios del entorno de Horacio Cartes, entre ellos el gerente de TABESA José Ortiz. La Fiscalía nunca quiso investigar este cruzamiento de llamados.
Lo concreto fue que uno de los agentes cargaba balines de plomo en su escopeta y mató por la espalda al joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Consecuencias
Desde entonces, todos los responsables políticos están impunes gracias a la Fiscalía. Incluso el entonces ministro del Interior, Tadeo Rojas, hoy es ministro de Desarrollo Social manejando el programa estrella del Gobierno, Hambre Cero.
La exfiscala María Raquel Fernández dijo a todo el país que no iba a pedir el cruce de llamadas claves en el caso. La exagente habló del “morbo” que generaría sacar a la luz las comunicaciones del entonces presidente Horacio Cartes y su entorno. Ella se vio forzada a renunciar en 2019 ante su inminente destitución por este caso.
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El comisario Tomás Paredes Palma (+) fue sobreseído pese a que el ataque habría estado a su cargo.
Los jefes policiales Críspulo Sotelo, Enrique Isasi, Prudencio Burgos, Abel Cañete, Amado Cantero y Luis Rojas quedaron impunes y “blanqueados”.
Los “peones” no corrieron con la misma suerte. En 2025 la Justicia confirmó la sentencia que condenó a 24 años de cárcel al suboficial de la Policía Nacional Gustavo Adolfo Florentín Silva.
En 2020 fue condenado a 9 años Benito Joel Sanabria, policía que disparó a quemarropa al exdiputado Édgar Acosta.
