Los senadores perciben una remuneración mensual de G. 37.900.000 (G. 32.606.480 de dieta y G. 5.293.160 de gastos de representación); sin embargo, esta cifra –históricamente reservada para los representantes electos– está por ser alcanzada por la cúpula administrativa de la Cámara Alta, beneficiada con incrementos que coinciden con la llegada del cartista Basilio “Bachi” Núñez a la Presidencia del Congreso.
Uno de los casos más emblemáticos es el del secretario general del Senado, Antonio Zacarías Sánchez Oviedo. Según el análisis de las planillas oficiales, entre enero de 2023 y enero de 2026, su ingreso aumentó G. 3.248.864.
Si bien a finales de 2024 ya percibía una suma superior a la de muchos legisladores (G. 34.461.440), en 2025 su remuneración trepó a G. 37,7 millones, quedando a una diferencia irrisoria de apenas 200.000 guaraníes del sueldo de un senador.
El patrón de “nivelación hacia arriba” se repite con la gerente general de Capital Humano, Norma Cardozo Vázquez, quien en menos de un año, sus ingresos dieron un salto significativo: de G. 31.304.000 en diciembre de 2024 pasó a percibir G. 37,1 millones en marzo de 2025, hasta alcanzar hoy los mismos G. 37,7 millones que el secretario general, sumando sueldo, gastos de representación y bonificaciones.
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El “destino” de los leales
Ayer, al ser consultado sobre la creación de cargos y el manejo discrecional de los fondos públicos, el titular del Congreso evitó las explicaciones técnicas y se limitó a responder: “La regla del destino”.
Bajo esta singular lógica parece enmarcarse el ascenso de Óscar Ramón Portillo Martínez. El actual director de Administración del Senado protagonizó un salto salarial vertiginoso porque pasó de ganar G. 13 millones como funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito (hasta diciembre de 2023) a cobrar G. 37,4 millones en la actualidad.
Se trata de un incremento de 187% para un funcionario vinculado históricamente al clan Núñez desde sus días en la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).
Tras su estadía en la ONG Opaci, Portillo tuvo su paso por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) durante la gestión de otro operador del clan Núñez, Félix Hernán Jiménez, hoy titular de la Agencia Nacional de Tránsito, cerrando un círculo de lealtades políticas que ahora vive directamente del Estado.
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Más que el Vicepresidente
La evidencia documental confirma que estos directores no solo rozan los haberes del presidente de la República, Santiago Peña (quien percibe G. 37.908.800), sino que ya superan oficialmente al vicepresidente Pedro Alliana, cuyo ingreso mensual es de G. 36.780.000.
La nómina de beneficiados con estos “aumentazos” ratifica que la discrecionalidad en la Presidencia del Congreso cuesta al erario público 207 millones de guaraníes mensuales.
Al año, el impacto financiero trepa a los G. 2.694 millones (incluyendo aguinaldos), un monto destinado exclusivamente a sostener los privilegios de la alta cúpula administrativa legislativa.
De “pegacalcomanías” a millones en Senado
Registros en redes sociales exponen la verdadera función de los leales al cartista Basilio “Bachi” Núñez. Mientras cobran millonarios sueldos públicos como funcionarios del Congreso Nacional, se dedican a la par a pegar calcomanías y realizar caminatas para la campaña de Venus Núñez (hija del legislador) en la ciudad de Villa Hayes.
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El caso de Arturo Rodríguez Bonussi es el más vertiginoso. En marzo de 2022 ganaba G. 3 millones en Diputados; tras la asunción de Núñez como presidente del Congreso, su salario escaló progresivamente hasta alcanzar hoy los G. 13 millones (G. 10 millones de sueldo y G. 3 millones de bonificación por responsabilidad) como “camarógrafo” en Senado TV.
Un salto similar dio Pedro Matto Romero, quien ingresó en octubre de 2024 con G. 6,5 millones y, para septiembre de 2025, ya percibía G. 15,6 millones (G. 12 millones de sueldo y G. 3,6 millones de bonificación) como encargado de seguridad. Entre ambos operadores, el proselitismo del “Clan Núñez” le cuesta al Estado G. 28,6 millones mensuales.
Este esquema de aumentos discrecionales ya motivó en 2019 una declaración de pérdida de confianza contra el entonces presidente de Diputados, Miguel Cuevas (Colorado Añetete).
Ante la evidencia actual, surge la interrogante: ¿se animará algún senador a cuestionar este nuevo escándalo o prevalecerá el silencio cómplice?