La disposición suprime los denominados “incentivos”, que otorgaban beneficios a funcionarios del Congreso, entre ellos: un día hábil libre por cumpleaños, permisos por obtención de títulos de grado o posgrado. Este último, insólito: reconocimientos por logros públicos.
Desde la administración del Senado se ordenó a todas las dependencias dar cumplimiento inmediato a la nueva normativa.
La medida llega tras la publicación de que Núñez habría percibido cerca de G. 300 millones en concepto de “bonificaciones por responsabilidad” entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
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Estos montos habrían superado los límites establecidos por la normativa vigente, lo que generó una fuerte reacción política y mediática.
Tras la exposición pública del caso, el titular del Congreso se vio obligado a renunciar a dichas bonificaciones.
Giro político en medio del debate por el gasto público
La decisión de eliminar incentivos se da en un contexto de creciente presión sobre el gasto estatal, especialmente en lo relacionado a bonificaciones y beneficios dentro del sector público y en el marco de la “economía de guerra”.
Aunque la resolución implica un recorte directo de beneficios, surgen interrogantes sobre su impacto real. Por un lado, se interpreta como una señal política tras el escándalo que involucró al propio Núñez. Por otro, sectores de la oposición consideran que el foco debería estar en las bonificaciones de alto monto y no en incentivos menores.
La eliminación de incentivos se suma a un clima de creciente escrutinio sobre el uso de recursos en el Poder Legislativo.