La Constitución Nacional establece que en Paraguay la democracia es “representativa” pero también “participativa”. Sin embargo la clase política traba cualquier participación crítica y frena el escrutinio de los contribuyentes incluso con amenazas judiciales.
“No lograron silenciarme, al contrario, me dieron más fuerzas”Ricardo Torres
Lejos de litigar en igualdad de condiciones, los políticos tienen poder y los recursos de sus contribuyentes, mientras que los activistas están solos.
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Esto le ocurrió a Ricardo Torres, poblador de Mariano Roque Alonso, quien cansado de vivir en una de las ciudades con las peores calles del departamento Central, formó un grupo que solicitó información pública que le negaron; organizó marchas; reunió datos y llevó sus críticas y denuncias de presuntas irregularidades ante medios de prensa, a la Contraloría y a la Fiscalía.
Querella para callarlo
Con orgullo narra que logró que se inicien investigaciones formales en el Ministerio Público y la CGR. La repercusión fue tal que golpeó duramente a la intendenta Carolina Aranda (PLRA) y a los concejales liberales y colorados que la apoyaban.
Pero, en lugar de mejorar su gestión, vilipendiada por cualquiera que visite la ciudad, la jefa municipal decidió que lo mejor era querellar al contribuyente y desde su entorno lo amedrentaban ante sus empleadores en el sector privado.
“Esta gente está acostumbrada a hacer esto, con el único fin de intentar silenciarte y hacerte tener miedo".Ricardo Torres
El 22 de agosto de 2022 Torres recibió la notificación de la querella. El abogado de Aranda fue Marco Antonio Vázquez Román, pariente de Basilisa Vázquez Román, operadora del llanismo y del senador liberocartista Dionisio Amarilla. Este letrado sostuvo que las publicaciones en ABC, redes sociales y otros medios eran difamatorias y calumnias.
El 1 de noviembre de 2022 Torres rechaza una conciliación y exige demostrar sus denuncias en juicio.
El 5 de diciembre de 2022 se ordena el juicio oral, pero pasan tres años y cuatro audiencias previas en las que los querellantes nunca se presentaron, señala el entrevistado.
Finalmente, el 12 de agosto de 2025 la jueza Nancy Karina Adorno Mendoza sobreseyó a Torres.
Pero en paralelo, el entorno de la jefa comunal atacaba a Torres en el ámbito laboral. Ser activista por los derechos de los ciudadanos le costó la persecución política en empresas privadas. “Tuve que explicar innecesariamente cosas a directivos de las empresas donde estuve como Gerente, por culpa de estos políticos irresponsables e impresentables”, recordó.
“Logramos que la ciudadanía sepa cómo operan estos políticos y que existe un camino legal para reclamar sus derechos y hacerse valer como ciudadano de bien”Ricardo Torres
“Esta gente está acostumbrada a hacer esto, con el único fin de intentar silenciarte y hacerte tener miedo. Lo que no sabían es que se estaban metiendo con una persona totalmente diferente, que ya les analizó de punta a punta y tenía los números finos de cada guaraní que gastaron en los años 2019, 2020 pandemia y 2021 pos pandemia”, afirmó Torres.
“No lograron silenciarme, al contrario, me dieron más fuerzas para seguir haciendo conocer todo lo que iba analizando. ¿Por qué crees que la CGR no tuvo de otra que entrar a hacer su Auditoría?“, se cuestionó.
La demanda a la intendenta es por G. 850 millones
Con su sobreseimiento en mano, Torres presentó una demanda civil contra la intendenta Aranda por G. 850 millones (G. 550 millones por lucro cesante y G. 300 millones por indemnización por daño moral).
“Esto es por el perjuicio que me ocasionó laboralmente el antecedente de su querella”, remarcó.
“Es una historia la mía, que si era un ciudadano común, a lo mejor se terminaba sometiendo a ellos. Logramos que la ciudadanía sepa cómo operan estos políticos y que existe un camino legal para reclamar sus derechos y hacerse valer como ciudadano de bien”, dijo finalmente.