Se trata del proyecto “Que crea el programa nacional de incentivos para profesionales médicos con subespecialidad en el sistema de salud pública”, presentado por el diputado Arturo Urbieta (ANR-HC).
El objetivo es evitar la fuga masiva de médicos altamente capacitados del sector público, atraídos por mejores condiciones laborales y salariales en el sector privado o en el extranjero.
Mientras en la Cámara de Diputados se presenta un proyecto más de mejoramiento de “condiciones laborales de los médicos” en el sector público los galenos denuncian múltiples falencias, que ante la ausencia de insumos básicos hacen “vaquitas” para poder atender a sus pacientes.
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Según el proyecto se dividirá en dos puntos. El primero establece un fondo de actualización científica que contempla permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días por año para congresos, pasantías o rotaciones internacionales, también incluye el financiamiento de pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en el exterior.
Mientras que en el segundo punto se crea una bonificación mensual permanente equivalente a un salario mínimo, aplicable a un solo cargo por profesional.
En cuanto a los requisitos para acceder a dichos beneficios, los médicos deberán contar con certificación o recertificación de su subespecialidad y registro profesional vigente otorgado por el Ministerio de Salud Pública.
La cartera de Estado deberá mantener una nómina actualizada de estos profesionales médicos, según indica el proyectista.
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De aprobarse la ley alcanzaría a quienes prestan servicios en el Ministerio de Salud Pública, el IPS, el Hospital de Clínicas de la UNA y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
En cuanto al financiamiento se contemplará en el Presupuesto General de la Nación de cada institución, y el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla tras su eventual promulgación.
Si bien la iniciativa es loable, el principal problema que aqueja al sector médico estatal es la falta de financiación que hace que las leyes queden en “letra muerta” en la mayoría de los casos.
El proyecto fue girado, para su estudio, a las comisiones: Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y a la de Reestructuración y Modernización del Estado.