“Nosotros eventualmente quisimos comprar las máquinas de votación. Pusimos un pliego fuerte (…) y en esa licitación en particular, esta empresa Comitia MSA no cumplía con ciertos requisitos (…) porque esta empresa se dedica al alquiler de máquinas de votación, no a la compra (...) Es más, nosotros le descalificamos y luego se canceló la licitación (...) se elabora otro pliego de bases y condiciones en el cual ya se encara en forma de arrendamiento, un pliego mucho más flexible y mucho más abierto en el cual esta empresa tiene la experiencia”, confesó el miércoles último a través de ABC Cardinal, Daniel Echagüe, director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Así se confirma parte de las innumerables denuncias en las cuales citaban que la segunda convocatoria estaba direccionada para beneficiar al proveedor estrella de los equipos para las próximas elecciones internas y municipales.
De intentar incidir a premiado
El trasfondo de la “flexibilización”, sin embargo, deriva en un escándalo aún mayor. El Consorcio Comitia MSA no quedó fuera de la primera licitación por un mero formalismo. Fue descalificado por alterar sustancialmente la muestra presentada inicialmente con su oferta: reemplazaron la pantalla de una de las cinco máquinas en plena prueba técnica para burlar la evaluación. El “engaño” quedó plasmado en la página 153 del informe del Comité de Evaluación del TSJE.
El 15 de julio de 2025, Comitia MSA entregó dos cajas: una con baterías y otra con “accesorios”. Esta última quedó lacrada. El 17 de julio (dos días después), al abrir la caja de accesorios para las pruebas técnicas, apareció una máquina de votación adicional no solicitada. El Consorcio Comitia MSA alegó que era solo una “carcasa” para trasladar una pantalla. Con el permiso de llevar el supuesto accesorio al área para las pruebas técnicas, los representantes del consorcio aprovecharon para reemplazar la pantalla de una de las cinco máquinas presentadas inicialmente en mayo de 2025, dos meses antes.
El Comité de Evaluación dejó constancia de las acciones de Comitia MSA, que habrían sido para sacar “ventaja” frente a sus competidores. Sin embargo, en lugar de sancionar, el TSJE premió al consorcio. No presentó denuncias ante la DNCP, no ejecutó la póliza de cumplimiento (pese a lo establecido en su PBC) y procedió a cambiar las reglas para entregarle el contrato de casi US$ 35 millones por el alquiler de los equipos.
Elementos suficientes
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la DNCP fue contundente en su dictamen del 16 de abril último. Tras una denuncia de terceros, concluyó que el reemplazo de la pantalla “habría tenido aptitud para incidir en la apreciación técnica del comité”. Ante la gravedad del hecho, el dictamen recomendó remitir el caso al Departamento de Sumarios para determinar la responsabilidad de Comitia MSA bajo la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Compras Públicas.
Cambios evidentes
ABC publicó en octubre pasado el comparativo de los llamados del TSJE. Entonces ya se evidenció que en la licitación de compra cancelada, la máquina de votación debía contar con una Pantalla LCD táctil capacitiva policromática de 21 pulgadas, como mínimo.
Para el arrendamiento, la especificación fue modificada para requerir una Pantalla LCD táctil policromática de 21 pulgadas, como mínimo, eliminando el requisito de que fuera “capacitiva”.
En el llamado cancelado, Comitia MSA señaló que su equipo (Modelo P6) utiliza una pantalla de tecnología infrarroja (IR) multitouch (no capacitiva). Agregaron que la tecnología IR tiene ciertas ventajas sobre la capacitiva, como una mayor resistencia a roturas y menor sensibilidad a las condiciones de limpieza, aunque es “algo menos precisa”.