Por irresponsabilidad y no por sensibilidad, Diputados definirá ley contra Mafia de pagarés

Ocho manifestantes, en su mayoría mujeres, sostienen pancartas con mensajes de protesta frente a un edificio, algunas sonríen.
Un grupo de víctimas se manifiesta frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados reclamando justicia por el caso "Mafia de los pagares".ARCENIO ACUÑA

Por irresponsabilidad, la Cámara de Diputados llevó al límite de la sanción automática uno de los tantos proyecto de ley con los que se pretende, aunque sea mermar el poder de la llamada “Mafia de los pagarés”. Muchos de los legisladores dijeron estar “sensibilizados” con el calvario de las miles de víctimas, sin embargo, a la hora de la verdad relegaron el estudio de leyes que podrían ayudar.

Tras varias semanas de hacerlo figurar en el orden del día sin tratarse, la Cámara de Diputados está obligada este martes 19 a analizar el proyecto de ley trabajado junto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para intentar hacer frente a la “Mafia de los pagarés”, ya que tiene como fecha de sanción ficta el jueves 21 del corriente.

La iniciativa legislativa, pretende entre otras cosas, que los pagarés y otros documentos de cobro originales queden resguardados en los Juzgados de inicio a fin del proceso y se obligue su devolución al supuesto deudor una vez que termine el juzgamiento.

El proyecto en cuestión es el que “establece el régimen de depósito de títulos de crédito originales, modifica normas para la sustanciación de juicios ejecutivos promovidos ante los juzgados y tribunales de la República, modifica los artículos 158, 159, 444 y 448 de la Ley N° 1.337/1988 “Código Procesal Civil” e incorpora el artículo 501 bis", y figura como tercer punto del orden del día.

El proyecto fue trabajado con la Corte, ya que aprovechando la legislación actual, el esquema de presunta asociación criminal denominada “Mafia de los pagarés” ejecutaba un mismo documentos de cobros en diferentes juzgados al mismo tiempo. Es decir, por una sola deuda podían cobrar hasta cuatro veces a una misma persona.

Con esta ley, se pretende que ningún juicio de cobro pueda realizarse sin el documento original (ya no por ejemplo con copias autenticadas), y que en caso de sentencia que obligue a un deudor a cancelar la cuenta, una vez que lo haga, el documento original se le devuelva automáticamente, a fin de evitar que se le ejecute otra vez.

En su tercer trámite, la Cámara de Senadores se ratificó en su versión original, por lo que ahora la Cámara Baja deberá allanarse (total o parcialmente) o ratificarse en sus modificaciones.

Entre las principales reformas introducidas por Diputados, consensuadas con los ministros de Corte, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón (actual presidente de la CJS), destaca la inclusión de la figura de los “pagarés electrónicos”, los cuales la Corte advirtió que serán el mecanismo en auge en los próximos años y que pretenden incluir ya en esta ley.

Esto ya que la versión del Senado solo contemplaría los documentos físicos, y es por ello que se torna relevante el tratamiento en Diputados, ya que con la sanción automática quedará vigente de hecho la versión Cámara Alta.

Para ratificarse en su versión, la Cámara de Diputados necesita de mayoría absoluta (41 votos) lo cual no aparenta muy difícil, a no ser porque últimamente impera la rabona.

En lo que va del año, la Cámara baja ha levantado la mayoría de sus sesiones por falta de quórum sin siquiera tratar ni un punto del orden del día.

Hace tiempo ignoran a las víctimas

Si bien inicialmente varios sectores incluso del cartismo simularon mostrarse empáticos con las casi 17.000 víctimas de la “Mafia de los pagarés”, pasado cierto tiempo se olvidaron del drama que siguen padeciendo las víctimas.

Estos incluso habían solicitado a la Cámara de Diputados iniciar el juicio político contra los 9 ministros de la Corte por “inacción cómplice”, pedido que duerme en la Cámara Baja y del cual ningún legislador se hizo cargo.

La denominada “Mafia de los pagarés” es un presunto esquema criminal con ramificaciones tanto en el sector privado como en el público, ya que además de estar involucrados abogados privados, casas de cobro y entidades de préstamos o ventas de productos, etc; también tenían como cómplices a jueces de paz, actuarios, ujieres notificadores y otros.