El fin de semana, el diputado cartista Esteban Martín Samaniego y su séquito fueron hasta la compañía Fulgencio Yegros de Quyquyhó, donde protagonizaron hechos violentos que escalaron hasta disparos de arma de fuego; donde según la presunta víctima, el poblador Nicolás Flecha Gómez, además de cortes por golpes y patadas en el rostro y la cabeza, reportó haber recibido un balazo en el muslo. Se señaló como presunto agresor al funcionario de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Martínez Ayala.
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Resulta que el supuesto “custodio violento” del diputado Samaniego cobra al mes G. 10.500.000 habiendo sido nombrado en la Cámara de Diputados en septiembre de 2023, siendo asignado a un “despacho lejislativo” y con cargo de “accesor” (ambos sic), según declaró en su última declaración jurada ante Contraloría.
Para colmo, presentó otras dos actualizaciones de sus DD.JJ. el 27 de agosto y el 08 de septiembre de 2025, y en ambos casos no corrigió sus horrores ortográficos.
Demás está decir que pese al alto salario, no posee título universitario consignado, ni en sus declaraciones juradas ni en la nómina oficial de la Cámara de Diputados.
De tal palo, tal astilla
Si bien, al menos en las grabaciones de los incidentes del fin de semana, no se observa una agresión directa del diputado Esteban Samaniego, a quien se lo ve intentando mínimamente contener a su custodio;sin embargo, al legislador no le son extraños los moquetes.
El mismo tiene tres pedidos de desafuero cajoneados desde 2019, 2022 y 2023 respectivamente, todos ellos por casos de presunta agresión física. En dos de estos casos se presentaron en 2023 reiteraciones para el desafuero, pero sus colegas lo siguen apañando hasta ahora.
Esto incluso sin contar el incidente que protagonizó en junio de 2019, cuando violentó al entonces senador Jorge Querey (Frente Guasú), a quien no lo reconoció y lo agredió por estacionar en el área habilitada para legisladores.
Finalmente, también tiene otro pedido de desafuero, en ese caso por presunta lesión de confianza durante su gestión como intendente de Quyquyhó, proceso del cual sigue zafando gracias a sus fueros.
No así su esposa y actual intendenta de dicha ciudad, Patricia Corvalán y otros familiares que pese a las chicanas, deberán enfrentar juicio.
Supuestamente investigarán
Esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre fue consultado sobre si abrirán un sumario o tomarán alguna medida contra el funcionario de la Cámara, Juan Pablo Martínez Ayala.
Escuetamente, Latorre respondió que indagarían el caso.