El gobierno de Santiago Peña, desde el 15 de agosto de 2023, lleva en marcha un plan de inversión en las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Una de las compras más publicitadas fue los seis aviones Super Tucano, fabricados por Embraer del Brasil por US$ 101.606.000, mediante un préstamo a ser descontado vía Itaipú. A esto se suman dos radares israelíes que fueron “revitalizados” por un monto de US$ 1,08 millones.
Los cuatro aviones Super Tucano y los dos radares ya se activaron en operativos contra vuelos ilegales, principalmente “aviones narco”.
El A-29 Super Tucano es un avión de combate ligero, reconocido mundialmente por su versatilidad y eficacia en diversas misiones, incluyendo: 1. Patrullaje: capaz de realizar misiones de vigilancia y control del espacio aéreo. 2. Apoyo Aéreo Cercano: efectivo en operaciones de apoyo a fuerzas terrestres. 3. Entrenamiento: ideal para la formación de nuevos pilotos en técnicas de combate y maniobras aéreas, y 4. Capacidad de Interceptación.
Asimismo, el Gobierno adquirirá de Estados Unidos de América un radar TPS-78. La inversión es de US$ 45,8 millones. La entrega del sistema se prevé para el cuarto trimestre de 2027.
La adquisición será de Estado a Estado, sin intervención de ningún tipo de empresa privada. La adquisición incluye no solo los sistemas de radar, sino también el soporte logístico, y los programas de capacitación.
Sobre el plan de inversión, el ministro de Defensa Nacional, Gral. (SR) Óscar González, dijo que las últimas compras de envergadura en las FF.AA. datan de entre 1985 y 1986. “De las últimas compras e inversiones importantes en las Fuerzas Armadas, pasaron 40 años”, expresó.
El secretario de Estado recordó la compra de seis aviones Super Tucano y el radar TPS-78, fabricado en EE.UU. con un sistema de mando y control. “El sistema de mando y control va a servir para operar este radar y los próximos que se tengan que adquirir; no se puede adquirir de a uno por el costo muy elevado que tiene”, manifestó el ministro González.
En el marco de la adquisición de armamentos, el presidente Santiago Peña promulgó este viernes la ley que aprueba el memorando de entendimiento con los Estados Unidos de América para la compra de equipos y servicios de defensa.
Acuerdo SOFA y la soberanía
El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió a la cooperación de EE.UU. en el marco del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que supera los US$ 32 millones, según datos oficiales. La asistencia está destinada a la lucha contra el narcotráfico, mediante operaciones con las Fuerzas Armadas de Paraguay.
González dijo que el acuerdo SOFA “va a fortalecer e incrementar los programas de cooperación que tienen los Estados Unidos en beneficio de las Fuerzas Armadas del Paraguay”.
“Esos son los términos. Sobre todo incrementar, porque ellos (EE.UU.) necesitaban de ese acuerdo SOFA para el efecto verdadero. Y es demasiado importante para nosotros”, enfatizó el secretario de Estado.
El ministro González fue consultado sobre los cuestionamientos en sectores políticos de la oposición y en el Parlamento; sobre el acuerdo SOFA, en el sentido de que implicaba una supuesta cesión de la soberanía paraguaya.
“Yo niego categóricamente, porque el concepto de soberanía ahora realmente se amplió y para nosotros los que más amenazan la soberanía son las llamadas nuevas amenazas, que son el crimen organizado y el terrorismo. Y a esas dos facetas de la criminalidad no se les puede combatir si no tenemos convenios de cooperación con otros países”, aseveró.
Seguidamente, el ministro de Defensa indicó que el concepto de soberanía “no es solamente ahora evitar que una potencia extranjera influya en nuestras decisiones, sino evitar que grupos criminales internamente sobrepasen la autoridad del Estado paraguayo, como ya empezó a ocurrir en algún momento”.
“Intentaron hacer eso, pero nosotros con esta intervención evitamos que eso ocurra y totalmente ahora eso ya pasó al olvido. Pero absolutamente. Muy por el contrario, este acuerdo SOFA nos va a ayudar a mantener la soberanía patria en todo el territorio nacional”, afirmó el Gral. González.
SOFA y su antecedente
La cooperación norteamericana SOFA contempla los programas: Resiliencia y Seguridad Fluvial, respuesta a crisis y contingencias y ciberdefensa y ciberseguridad.
La asistencia está destinada a iniciativas de fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, dice el informe oficial.
El presidente Santiago Peña promulgó la Ley SOFA el pasado 11 de marzo, durante una visita a Chile. La suscripción fue ante la presencia del Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau.
El documento bilateral, refrendado el pasado 15 de diciembre en Washington DC, concede a los militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados.
Esto ha generado el rechazo de la oposición, que alerta de una posible pérdida de soberanía del país suramericano. La versión del gobierno de Peña es que el acuerdo no implica la entrega de la soberanía ni la instalación de bases militares de EE.UU.
En el marco del acuerdo SOFA, el jueves 16 de abril pasado, EE.UU. entregó una donación de ocho embarcaciones interceptoras fluviales que forman parte del Programa de Resiliencia Fluvial de la Armada Paraguaya.
Las lanchas y el entrenamiento asociado fortalecerán las capacidades de patrullaje, búsqueda y rescate, yseguridad portuaria. En el acto de entrega estuvo el encargado de Negocios (a.i.) de la Embajada de los EE.UU., Robert Alter, y el comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Christian Rotela.
La Embajada de EE.UU. mencionó que la asociación estratégica está valorada en aproximadamente US$ 4 millones.
Vuelos ilegales y derribo
En otro momento, el ministro Óscar González fue consultado sobre los vuelos ilegales y la compra de los Super Tucano. Recordó que los aviones ya activaron en operativos contra vuelos ilegales, como el narcotráfico, tanto en la región Oriental como en el Chaco.
“Nosotros estamos operando ya con los Super Tucano y con los dos radares móviles que este gobierno hizo reparar, revitalizar. Es el término más correcto. A un costo de US$ 1.080.000. Y la verdad es que le estamos modificando totalmente su forma de actuación a los narcotraficantes porque ejercemos una disuasión muy grande en la parte del territorio paraguayo en donde ellos tenían prácticamente liberada la zona en cuanto al espacio aéreo. Y eso nosotros vamos a continuar, vamos, inclusive a incrementar esas tareas”, remarcó el secretario de Estado.
González señaló que el Gobierno busca fortalecer la lucha porque tenemos que poner freno aún más. “Ya le pusimos bastante freno, pero falta aún más. Nosotros no vamos a estar nunca satisfechos con el trabajo. Se hizo mucho, pero también falta muchísimo para que podamos decir que el crimen organizado”, sostuvo.
Consultado por la falta de una ley de derribo, el ministro Óscar González indicó que la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) trabaja bajo la Ley vigente Nº 6980/22 “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”. Compartió las expresiones del comandante de la FAP, Gral. del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, quien afirmó que sí está permitido el derribo de aeronaves en ciertas circunstancias. Por ejemplo cuando la aeronave ilegal representa una amenaza para la FAP que lo intercepta o para terceros.
“Si adopta una actitud que ponga en peligro a la aeronave del Estado paraguayo o a terceros. El piloto de la Fuerza Aérea paraguaya tiene la habilitación para derribarlo. Solamente en eso”, subrayó el ministro de Defensa.
El secretario de Estado descartó que el Gobierno presente un proyecto de ley de derribo de aviones ilegales. “Nosotros no tenemos ninguna intención de presentar ningún proyecto de ley que modifique la ley que tenemos actualmente”, expresó el ministro González.
En su momento, la Embajada de EE.UU. opinó que está en contra de una ley de derribo de aviones ilegales. La postura contra el derribo de aeronaves del crimen organizado no es nueva. El 13 de junio de 2022, la Embajada advirtió al Senado paraguayo que, de aprobarse la ley de derribo de aviones, cesaría la cooperación norteamericana en materia aeronáutica.