La PGR consumó un acuerdo extrajudicial con la Aseguradora Tajy, presidida por Gustavo Samaniego, tras perdonarle una multimillonaria deuda estatal a cambio de asegurar los honorarios de sus propios abogados.
Tajy era la garante de dos contratos públicos incumplidos por las firmas Neighpart SA (Sandra Yanil Caballero Ojeda) e Icap Consultores e Ingenieros SA (Manuel Brítez) en la demanda en la que el Estado exigía originalmente más de G. 4.504 millones.
Tras la acción, la justicia hizo lugar a medidas cautelares y decretó el 29 de diciembre de 2025 un embargo contra los bienes de la aseguradora por G. 4.304 millones correspondientes a un caso del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa).
Ante este escenario, la empresa ofertó una propuesta para el Estado de pagar G. 959.688.000 para cerrar ambos procesos, lo que fue aceptado por la PGR, siendo destinados G. 720 millones a las arcas del Estado y G. 239.688.000 en concepto de honorarios profesionales del procurador delegado Facundo Filártiga, los cuales fueron desembolsados inmediatamente y que representa un 33%.
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Esto pisotea el límite del 20% establecido en el Art. 32 de la Ley 1.376 de honorarios, misma ley con la que la institución del Estado argumentó en un comunicado la metodología con la que estableció el porcentaje para el pago a los abogados.
“De conformidad con el artículo 17, inciso b), de la Ley N.° 6837/2021, parte de los honorarios percibidos constituye ingreso institucional y, como tal, ingresa a las arcas del Estado quedando sujeto al control del órgano competente. Por su parte, el artículo 13 de la misma ley establece la distribución de dichos honorarios y determina el porcentaje que corresponde como ingreso propio de la PGR”, indica el documento publicado por la PGR.
PGR aceptó monto menor de demanda para pagar abogados
De acuerdo a los documentos a los que accedió nuestro diario, la cronología de los expedientes desnuda cómo el Estado Paraguayo sufrió un perjuicio en menos de un día.
El proceso que terminó con el perjuicio al Estado, inició el 23 de mayo de 2025, cuando la PGR, todavía con González Maldonado al frente, demandó a Tajy por G. 4.304 millones por el incumplimiento de la firma Icap Consultores (Manuel Brítez) con Senasa.
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El 14 de agosto de 2025, se sumó la segunda demanda por G. 200 millones contra la firma Neighpart SA (Sandra Caballero), por incumplir con el Hospital Nacional. El reclamo total del Estado era de G. 4.504 millones.
El 3 de septiembre de 2025, González Maldonado renunció a la PGR y firmó la inédita resolución por la cual nombró “a dedo” a Rubén Elidio Gaona como encargado de despacho. El 6 de octubre de 2025, ya con Gaona al mando, saltó el primer embargo contra la aseguradora por los G. 200 millones firmado por la jueza Alejandra Magalí Zavala de Biedermann.
Para el 29 de diciembre de 2025, se logró el segundo y crucial embargo por los G. 4.304 millones, firmado por la jueza Karen Leticia González Orrego, esposa del “significativamente corrupto” Jorge Bogarín y cercana al clan González Maldonado.
Vínculos entre juezas y hermanos González
El 30 de diciembre de 2025 Senasa envió una nota a la Procuraduría alegando que el daño económico de la firma Icap “mágicamente” se redujó de G. 4.304 millones a G. 518 millones, lo que motivó a que el 2 de enero de 2026 la aseguradora ofrezca G. 959 millones por ambos pleitos.
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Apenas siete días después del embargo dictado por la jueza González Orrego, la Procuraduría firmó los acuerdos transaccionales con la Aseguradora Tajy.
Si bien la PGR afirma en el comunicado que en todos los casos se realizaron las deducciones fiscales correspondientes, se depositaron los montos resultantes conforme a las proporciones establecidas por la ley y se distribuyó el remanente entre todos los abogados firmantes del escrito de demanda, el monto que se estableció como honorarios de los abogados corresponderían a un porcetanje calculado del monto de G. 4.304 millones, no de los G. 720 millones que ingresaron a las arcas del Estado.
La procuraduría actualmente está bajo el interinato de Rubén Elidio Gaona Gaona, puesto en el cargo por el exprocurador y actual miembro del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González Maldonado.
Ambas juezas que dictaminaron los embargos también intervenieron en casos donde homologaron acuerdos extrajudiciales impulsados por el exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González Maldonado, hermano del exprocurador Marco Aurelio, quien es investigado por la Fiscalía por presunta corrupción.
El exjefe jurídico de la previsional implementó el mismo modus operandi al cerrar acuerdos extrajudiciales exprés con millonarias quitas para los deudores, pero siempre asegurando primero sus honorarios profesionales. El caso más escandaloso fue el del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, que logró un descuento tras asegurar el pago de G. 412 millones directo al bolsillo de González.