La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) remarcó su preocupación y que buscarán tomar medidas ante el caso de un presunto negociado millonario, esta vez detectado en la Procuraduría General de la República (PGR), pero visto anteriormente en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde funcionarios abogados de estas instituciones firman “acuerdos extrajudiciales”, renunciando a millonarios montos que debería cobrar el Estado, a cambio de percibir una ínfima parte, de la cual otra vez ellos se llevan una enorme tajada en concepto de “honorarios profesionales”.
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“Voy a evaluar con mi equipo jurídico qué medidas amerita esto y vamos a pedir los informes permanentes de modo a que, sí es necesario pensar en una legislación, lo vamos a hacer, no solamente para la Procuraduría, sino para todas las instituciones, porque sino esto es un festín de comisiones, se rifan comisiones” en detrimento del Estado, adelantó Ortega.
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La misma acotó que le parece "muy grave que se den acuerdos donde la ecuación sea perjudicial para los intereses del Estado", sobre todo cuando se da con el aval de funcionarios que “cobran un sueldo público para poder maximizar los ingresos del Estado”, sin embargo, resulta que se priorizan intereses particulares.
El caso más reciente denunciado es en la Procuraduría, donde el Estado inicialmente demandó por el cobro de G. 4.304.755.400 a la empresa aseguradora Tajy, sin embargo luego se planteó un acuerdo extrajudicial absolutamente desventajoso para el Estado, pero llamativamente conveniente para la parte demandada y para los abogados de la Procuraduría.
Esto ya que de los G. 4.304 millones se acordó el pago de solo G. 959.688.000, monto del cual los abogados se quedaron con G. 239.688.000 en concepto de “honorarios profesionales”. Es decir, el Estado dejó de percibir unos G. 3.345.067.400.
“Lógicamente que va a priorizar (su beneficio) el funcionario si tiene un interés de cobrar comisiones en arreglos extrajudiciales donde el Estado termina persiguiendo mucho menos, pero sale ganando el abogado y gana doble”, alertó Ortega.
Acotó que esto incluso rompe con el principio de equidad entre los funcionarios, temiendo que con este precedente, por ejemplo, un funcionario administrador de una Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) pueda exigir un porcentaje por “ahorrarle” al Estado con una compra más barata.
“Ellos no deberían mantener con el Estado un trato de abogados particulares cuando que ellos son funcionarios públicos. Ellos deberían cobrar su sueldo, las bonificaciones que corresponden según el cargo que ocupan y punto final, porque todo el resto se presta como en este caso a que haya un acuerdo donde (el funcionario y una empresa o un particular) salen ganando más que el Estado”, insistió.
A esto le sumó, que para colmo, es un Estado que no tiene para pagar deudas a proveedores, a constructoras, a farmacéuticas y otros.
“Todo esto se presta a este esquema de corrupción, incluso a un plan de abogados favoritos y privilegiados en cada una de nuestras instituciones” y por ello, “amerita la revisión de toda la legislación vigente y ver si se necesitan legislaciones específicas, porque sino esto finalmente se constituye en un conflicto de intereses”, insistió.
Peña o su “florero” deben hacerse cargo
Por otra parte, la diputada Johanna Ortega dijo que la otra parte del problema puntual en la Procuraduría radica en que hace 10 meses que está como Procurador “interino” de forma presuntamente ilegal Rubén Eladio Gaona Gaona, que sustituyó, sin ser designado por el Ejecutivo, al exprocurador Marco Aurelio González Maldonado. Todo porque el presidente Santiago Peña no hace uso de sus atribuciones para la designación.
“Si el presidente no quiere hacer uso de sus atribuciones, ya le puede dejar nomás al florero de (Pedro) Alliana y que entonces (el vicepresidente) Alliana se haga cargo, pero alguien tiene que firmar un decreto que designe procurador de la República. Eso es urgente”, reclamó.
Su insistencia la fundamentó remarcando que “un Estado no puede estar sin procurador general”, lo cual “es terrible” ya que sino, “¿quién defiende entonces los intereses del Estado".?
Clan González Maldonado en el centro el “esquema”
Este presunto esquema de los “acuerdos extrajudiciales y cobro de “honorarios profesionales” tanto en el IPS como en la Procuraduría tiene como presunto nexo común al exprocurador Marco Aurelio González Maldonado y su hermano, el jefe de exasesoría jurídica del IPS, José González Maldonado (Jose’i).
Ambos mantendrían sus tentáculos en ambos entes, pese a haber salido, en el caso de Marco Aurelio para ir como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), y en el caso de “Jose`ì”, que se vio forzado a renunciar como director de asesoría jurídica de IPS, pero sigue como funcionario.