En un operativo relámpago ejecutado en vísperas de Año Nuevo, se consumó uno de los mayores escándalos que golpea a la Procuraduría General de la República (PGR). La maniobra lleva la firma del encargado de despacho, Rubén Elidio Gaona –colocado a través de una resolución inédita en el cargo por el exprocurador y actual miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González Maldonado–. Los demoledores documentos oficiales desnudan una grosera trama.
La historia de este primer reclamo comienza el 23 de mayo de 2025, cuando el entonces procurador González demandó a la Aseguradora Tajy SA (presidida por Gustavo Samaniego) por G. 4.304 millones, debido al incumplimiento de un contrato de la firma Icap Consultores con Senasa.
Sin embargo, tras siete meses de supuesto litigio, ocurrió el “milagro” de fin de año, pues el millonario reclamo estatal se pulverizó y se redujo a solo G. 518 millones, utilizando como coartada una oportuna nota de la institución afectada que “reajustaba” las cifras.
Rol clave de una jueza
La reducción del monto no fue casualidad, ya que apareció sugestivamente solo 24 horas después de que la jueza Karen González Orrego (esposa del designado como “significativamente corrupto” por EE.UU. Jorge Bogarín Alfonso) decretara el embargo preventivo contra la Aseguradora Tajy por los G. 4.304 millones originales, el 29 de diciembre de 2025.
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Con el embargo encima, Tajy se presentó en la PGR el 2 de enero de 2026 con la oferta de pagar G. 959.688.000 por “todo concepto”. Con una agilidad pocas veces vista, la Procuraduría capituló de inmediato, aceptando la poda del 88% del perjuicio en la demanda principal a cambio de un cierre definitivo.
Omisión deliberada
Para intentar hacer frente al escándalo, la PGR emitió ayer un comunicado donde confirma toda la cronología de los hechos, pero intentó usar como escudo los artículos 13 y 17 de la Ley 6837/2021 “Que establece las funciones y estructura orgánica de la Procuraduría General de la República” para defender el cobro de honorarios.
Habla de un porcentaje que ingresa como ingresos propios, pero con reglamentación a través de un decreto que hasta ahora no existe.
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Lo que la institución ocultó deliberadamente es que el Artículo 21 de esa misma ley exige taxativamente que cualquier acuerdo debe “justificar la conveniencia a favor del Estado” y mantenerse dentro de los límites legales vigentes.
Aquí radica la segunda parte de la trama porque el procurador delegado Facundo Filártiga (sobrino de Darío Filártiga, embajador de Paraguay en Taiwán) facturó a la Aseguradora Tajy la suma de G. 179.952.000, lo que representa un cobro del 35% sobre el dinero realmente recuperado. Esta cifra viola abiertamente el Artículo 32 de la Ley 1376 de Honorarios, que establece de manera categórica un techo entre el 5% y el 20%.
Por si fuera poco, las autoridades de la PGR pasaron por alto la obligación legal de emitir un dictamen conjunto y vinculante con la institución afectada antes de firmar el acuerdo de rebaja.
El otro botín bajo la lupa
El esquema de honorarios inflados se repitió calcado en la segunda demanda de la PGR por G. 200 millones en representación del Hospital Nacional. Aunque en este caso la Aseguradora Tajy pagó la póliza completa, el mismo procurador delegado, Facundo Filártiga, se alzó con G. 59.736.000 en concepto de honorarios. Esto equivale al 30% del total, violando nuevamente de forma grosera los topes máximos que impone la legislación paraguaya.
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El escándalo de la PGR es igual a las maniobras descubiertas en el IPS durante la gestión jurídica de José “José’i” González. Coincidentemente, José’i es hermano Marco Aurelio González. El exjefe jurídico de la previsional, hoy bajo la lupa de la Fiscalía por sospechas de corrupción, implementaba el mismo modus operandi al cerrar acuerdos extrajudiciales exprés con millonarias quitas para los deudores, pero siempre asegurando primero sus honorarios profesionales.
El caso más escandaloso fue el del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, que logró un descuento tras asegurar el pago de G. 412 millones directo al bolsillo de González.