La senadora colorada Lilian Samaniego (Causa Republicana), quien días atrás optó por postergar el debate a las modificaciones que propone sobre la ley de divorcios, busca un diálogo directo con la Iglesia católica. Esto, teniendo en cuenta que escuchó rumores de que su iniciativa encontraría trabas en el cartismo con un argumento religioso.
Samaniego, quien se definió como una mujer católica, señaló que se siente con total derecho de interpelar a las autoridades de su credo para evitar que la religión sea utilizada como una pantalla de conveniencia política en el Congreso.
“Me voy a ir hasta el final. Si el final era opinar en contra, iba a decir que estaba arrepentida de mi Iglesia, porque ellos no tienen derecho a determinar sobre algo jurídico que le da bienestar a las familias paraguayas”, lanzó de forma tajante.
Visto bueno de los sectores eclesiásticos
Según Samaniego, sus primeras gestiones ante las esferas católicas comenzaron a dar frutos. Reveló que ya mantuvo conversaciones con referentes de la institución.
En ese sentido, comentó que habló con el padre Narciso Velázquez y representantes de la Pastoral La Esperanza de los Divorciados. Según relató, el propio Velázquez le aseguró que este proyecto “no es un sacrilegio para la Iglesia” y que las leyes civiles tendrían que ser “prontas y baratas” para todos los ciudadanos.
También indicó que solicitó una audiencia formal con el cardenal Adalberto Martínez. El arzobispo escuchó sus argumentos iniciales y le abrió el canal oficial para remitir el documento a la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), donde será analizado por la asesoría jurídica con una “predisposición que ya va por buen camino”.
Durante estos intercambios, la legisladora incluso trajo a colación las reformas del papa Francisco, quien en su momento agilizó los procesos de nulidad matrimonial dentro del derecho canónico, demostrando que la propia Iglesia avanzó en la materia.
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Desarmar la “doble moral” en los pasillos
Con el respaldo de estos dictámenes religiosos en mano, Samaniego califica como una “doble moral” la actitud de algunos de sus pares, recordando que cerca del 50% de los senadores actuales se han casado dos o más veces por la vía civil, pero pretenden imponer trabas burocráticas a los ciudadanos de escasos recursos en nombre de la fe.
El proyecto, que cuenta con modificaciones sugeridas por el propio presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón (quien además es profesor de la Universidad Católica), pretende que los divorcios sin bienes en disputa ni conflicto de menores se resuelvan en un plazo de 20 a 30 días en un Juzgado de Paz, eliminando aranceles judiciales e intermediarios.
“Tengo mucha tranquilidad”, concluyó la senadora, confiada en que la vía libre de la Iglesia terminará por obligar al oficialismo a discutir el proyecto desde la perspectiva de los derechos civiles y la libertad individual, y no desde el dogmatismo.