Ayer, el diputado Esteban Samaniego (ANR, HC), con la impunidad que le garantiza la mayoría cartista en la Cámara Baja, posó campante a lado del presidente de la República, Santiago Peña, del vicepresidente Pedro Alliana, y sus colegas de bancada y encubridores, pese a contar con cuatro pedidos de desafuero pendientes, uno de ellos por presunta lesión de confianza, que motivó que la justicia dicte medidas de prisión contra su esposa e intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC).
Tal como lo hizo en su momento con procesados por la justicia, como el exsenador cartista Erico Galeano, que ahora cuenta con condena por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, ratificada en dos instancias y preso en Tacumbú, Peña y su séquito cartista siguen acogiendo y apañando a Samaniego.
Apenas unas horas antes de la foto, la Justicia dispuso el arresto domiciliario y la colocación de tobillera electrónica para su esposa e intendenta Patricia Corvalán y para la madre del legislador, Blanca Álvarez, por la causa por presunta lesión de confianza cuando Samaniego era intendente de Quyquyhó, quien a diferencia de sus familiares, evita el proceso solo gracias a sus fueros.
El pasado 17 de junio, el juez penal de garantías, Osmar Legal, precisamente reiteró el pedido de desafuero contra Samaniego por esta causa, pero una vez más fue ignorado olímpicamente por la mayoría cartista, que lo mandó al freezer.
Samaniego ya acumula 4 pedidos de desafuero distintos, el más antiguo data de 2019, es decir, viene siendo apañado y protegido por sus colegas durante dos períodos legislativos distintos.
Las otras causas son por supuesta lesión física contra el concejal de Quyquyhó, Sergio Bobadilla (2023); otras, por supuesta violación de domicilio del también concejal Gerardo Marcelino Correa (2022) y la más antigua, la causa por supuesta difamación impulsada por Sara Raquel Prietо Ozuna (2019), una encargada de seguridad de un partido internacional de Olimpia a la que Samaniego habría amenazado y agredido verbalmente.