El 26 de junio de 2026, el director de Mantenimiento del IPS, Juan José Sánchez -bajo la gestión de Isaías Fretes-, solicitó formalmente a Neighpart SA, cuyo accionista principal es Claudio Escobar, congelar otra vez los plazos del contrato N° 06/2020 para la construcción del bloque quirúrgico del Hospital Central. La nota pedía retrotraer la suspensión al 15 de enero de 2026 hasta la “liberación definitiva” del sitio, sin exponer las razones técnicas.
El pedido se dio apenas un mes después de que la propia contratista se negara a parar. Según consta en un acta del 20 de mayo de 2026, Neighpart SA rechazó frenar las obras argumentando que en octubre de 2024 el Ministerio de Salud Pública y el propio IPS habían aprobado el cronograma definitivo. Pese a esta postura, la previsional ignoró el reclamo e impuso la suspensión de los trabajos.
Las piezas que faltan
Esta maniobra adquiere gravedad tras la imputación formulada el 4 de agosto pasado por el fiscal Julio Ortiz contra nueve personas -entre ellas los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Brítez- por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.186 millones.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que las adendas se usaron para mantener desembolsos por obras inejecutables debido a la falta de planificación edilicia. Sin embargo, en el relato oficial no aparece esta reciente insistencia del IPS por postergar el contrato vigente.
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Sumado a esto, la imputación omitió mencionar al expresidente Andrés Gubetich -quien firmó el contrato inicial- y a los consejeros que autorizaron las adendas, así como a la propia empresa proveedora en el marco de las investigaciones.
El fiscal Ortiz no respondió a los mensajes con consultas al respecto que ABC le envió vía WhatsApp.
Siete años de retrasos
El plan para reacondicionar 11 quirófanos, pasillos y áreas complementarias se inició en 2019 y acumula siete años sin fecha cierta de entrega. Los elementos que avivan las sospechas incluyen que el IPS ya pagó G. 35.658 millones, lo que representa más del 50% del total adjudicado, mientras que auditorías internas confirman que varios módulos ya se entregaron y están bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio, lo que desmiente la versión de que los equipamientos “no existían”.
Aparecen otros problemas
El director de Mantenimiento, Juan José Sánchez, confirmó la existencia del nuevo pedido de adenda para este contrato bajo la lupa fiscal, justificando la solicitud en dos cuestiones. Una de ellas es la imposibilidad de disponer totalmente del área de trabajo y la complejidad técnica para dar continuidad a la obra, mientras que la otra son posibles interferencias con los equipos de resonancia del hospital.
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Respecto a la postura inicial de Neighpart SA -que exigió avanzar basándose en el proyecto arquitectónico aprobado en 2024-, Sánchez alegó que la empresa encargada del mantenimiento de los resonadores afirmó no haber recibido consultas ni notificaciones sobre dicho plan, razón por la cual surge ahora el conflicto técnico.
Otra de Vicente Bataglia
El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR), Leandro Villalba Baruja, reveló ayer, a través de ABC Cardinal, otra de las “perlitas” que están a disposición de la Fiscalía con respecto al expresidente del IPS Vicente Bataglia. Según el funcionario, durante las fiscalizaciones detectaron que Bataglia recibió bonos de combustible de la previsional mientras se encontraba de vacaciones.
Asimismo, mencionó que en ese mismo informe remitido al Ministerio Público se detallaron casos de consejeros –a quienes no identificó ni precisó si aún continúan en el cargo– que cobraron sus dietas a pesar de no haber asistido a las reuniones del Consejo de Administración de la previsional, tal como exige la carta orgánica.
Entregaron actas
El IPS, a través de su departamento de Prensa, informó ayer que sí cumplió con la remisión de actas y resoluciones a la Fiscalía con respecto a las adendas en el contrato para la construcción del bloque quirúrgico en el Hospital Central. Según la mesa de entrada del Ministerio Público, los archivos fueron entregados en el plazo límite, es decir, el lunes pasado.
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No obstante, la previsional no especificó si incluyó los antecedentes recientes relacionados con los nuevos pedidos para frenar otra vez las obras ni la situación de los equipos guardados bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio de la entidad.
El Ministerio Público había solicitado todos los antecedentes para poder –según el fiscal Julio Ortiz– ampliar imputaciones en caso de ser necesario.