El senador opositor Líder Amarilla (PLRA) apuntó duramente contra el contralor general de la República, Camilo Benítez, a quien acusó de actuar con servilismo hacia la administración del presidente Santiago Peña.
Advirtió que la deuda pública roza actualmente los US$ 22.000 millones y criticó el recurrente esquema financiero del Poder Ejecutivo, al que calificó como una dinámica de “sacar préstamos para pagar otros pendientes e intereses”.
“Tenemos un problema grave del origen de las deudas: no hay auditoría, no sabemos en qué concepto se debe. Cuando empezó este gobierno se sacaron US$ 600 millones supuestamente para dejar saldo cero (...) No hubo nunca medicamentos en los hospitales y se deben US$ 1.000 millones. Cuando pedimos informes de a quién se debe o por qué se adjudicaron esas licitaciones, no te envían nada”, aseveró el parlamentario.
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Un diagnóstico crítico: Salud, Vialidad y Seguridad
Durante su descargo, el legislador liberal sostuvo que la crisis en la fiscalización de gastos públicos se refleja directamente en la precariedad de los servicios del Estado.
Cuestionó que la red vial asfaltada apenas alcance un 10% en todo el territorio nacional. Según Amarilla, se incurre en endeudamiento constante para reparar obras viales mal ejecutadas desde su origen.
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Por otro lado, criticó la permanente escasez de insumos y medicamentos esenciales en la red sanitaria a pesar de las millonarias sumas contraídas y calificó el desempeño del gobierno de Santiago Peña como “una mala gestión de punta a punta”, asegurando que el impacto económico ya pasa factura en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La advertencia constitucional: La doctrina del “árbol envenenado”
Respecto a la eventual reelección de Camilo Benítez al frente de la Contraloría General de la República, el senador sostuvo que la pretensión de un tercer mandato es inconstitucional y anunció acciones jurídicas para frenar su postulación.
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Amarilla argumentó su postura aplicando la doctrina jurídica del “fruto del árbol envenenado”, trazando un paralelismo con el caso del exlegislador Hernán Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM):
“Si se saca una resolución que habilita a alguien que no está habilitado legalmente, todo lo que firma o resuelve es ilegal. Es lo que pasó con Hernán Rivas; sus resoluciones hoy están siendo atacadas (...) Con Camilo Benítez pasa la misma cosa: si se le elige para un cargo que no le corresponde, el día de mañana todo lo que haga va a ser ilegal y atacado de inconstitucional”, concluyó.
