Dos datos llamativos revelan sus Declaraciones Juradas de Bienes (DD.JJ.) presentadas, y la no presentación de su Declaración Jurada de Intereses ante la Contraloría por parte del diputado cartista José Ramón Rodríguez Maciel (ANR, HC), quien impulsa el proyecto que pretende habilitar la prospección y explotación de hidrocarburos en el área silvestre protegida del Parque Nacional Médanos del Chaco (ubicado en parte de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay).
En la pasada sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Rodríguez fue más allá de defender su proyecto y abiertamente se pronunció a favor de los intereses de las empresas que pretenden operar en el sitio, en contra del parecer del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que plantean el rechazo de la iniciativa.
El legislador primeramente se encuentra en incumplimiento de la Ley N° 7089 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública” y su modificatoria, la Ley Nº 7236/2024, que lo obliga a la presentación de su Declaración Jurada de Intereses.
Rodríguez lleva incumpliendo esta ley desde 2023, gracias a la modificación que redujo el castigo por la no presentación a una simple multa.
El artículo 30 sobre las sanciones por la no presentación señala que “el sujeto obligado por la presente ley que no presentare la Declaración Jurada de Intereses dentro del plazo previsto, será apercibido por escrito y por otro medio fehaciente por la Contraloría General de la República para que la presente en el plazo de veinte días hábiles, en caso de incumplimiento, se le aplicará una multa de hasta 100 jornales mínimos”.
Este documento es relevante al menos para obligar mínimamente a las autoridades a declarar los intereses que poseen (participación accionaria o familiares vinculados) que puedan influir en sus labores.
Patrimonio neto creció G. 4.400 millones en dos años
Por otra parte, un dato que sí está reportado ante la Contraloría y llama fuertemente la atención es el repentino crecimiento patrimonial del diputado José Rodríguez (ANR, HC) en solo dos años, incluso antes de ser legislador.
El mismo, hasta antes de ser electo y proclamado como diputado por Capital por el Partido Colorado en 2023, era un “modesto” funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), según lo declarado por él mismo.
Según su declaración jurada presentada el 08 de febrero de 2021 (plena pandemia), su patrimonio neto era de G. 0 (cero), reportando como único activo una suma de G. 10 millones en efectivo y otros G. 5 millones en una cuenta bancaria.
En ese entonces, decía no tener vivienda, vehículo, participaciones accionarias u otro activo importante. En contrapartida, reportaba como pasivo la cancelación pendiente de un préstamo por G. 15 millones.
Entre todos estos, sus ingresos mensuales eran de G. 13.949.455, sumando ya su cargo en el TSJE y como docente de la UNA.
“Milagrosamente”, su patrimonio se disparó en solo dos años, incluso antes de asumir como diputado y cobrar la millonaria dieta y otros beneficios que actualmente ascienden a G. 37.900.000 al mes.
En su Declaración Jurada de Bienes presentada el 21 de julio de 2023 tras asumir la banca, ya reportó un patrimonio neto de G. 4.426.900.000.
De pasar de no tener más que un poco de dinero en efectivo y otro poco en el banco como únicos activos, Rodríguez pasó a reportar activos por G. 4.441.900.000.
En esos dos años, dijo sumar un terreno en Limpio con un valor reportado de G. 3.000.000.000, así como una residencia en el Barrio La Encarnación de Asunción, con valor declarado de G. 400.000.000 que dijo ser parte de una sucesión a su favor.
También reportó haber adquirido una camioneta Nissan Frontier reportada en unos G. 386.900.000, mientras que su pasivo siguió siendo únicamente un préstamo de G. 15.000.000.
En contra de protección ambiental
Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes pasado, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) presentó un proyecto “que declara de interés nacional la protección y conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco y exhorta al Poder Ejecutivo a garantizar su preservación ambiental, hídrica, histórica, cultural y territorial”.
Pese a que la propia Constitución Nacional y la ley específica que protege los Médanos del Chaco obligan al gobierno de Santiago Peña a preservar este ecosistema, el diputado cartista José Rodríguez se opuso férreamente a esta declaración y la mandaron al freezer con la mayoría cartista.
“Quiero nomás refutar las grandes mentiras que están instalando a través de algunos medios y de algunas redes sociales, algunos perfiles falsos de algunas organizaciones no gubernamentales que supuestamente luchan a favor del ambiente”, comenzó diciendo Rodríguez, dejando entrever que su iniciativa legislativa está claramente decantada a favor de las firmas que quieren explorar el área silvestre protegida.
Para que no quede duda de dicha posición, y que el supuesto debate que plantea en torno a su proyecto es mera fachada, posteriormente se puso en rol de intérprete de la Ley, un rol constitucional exclusivo de la Corte Suprema de Justicia, que ya se pronunció sobre el caso.
“Históricamente, en esa área, aproximadamente hace 40 a 50 años, ya existía la exploración, explotación y prospección de gas natural en la zona, que es un área de aproximadamente entre 35.000 y 40.000 has. Y luego, en el 2016, a través de una ley del Congreso, sancionada y luego promulgada por el entonces presidente de la época, se amplió el área del Parque Médanos del Chaco a 605.000 has. Entonces, todos los derechos adquiridos, que son garantías constitucionales, fueron pisoteados”, dijo Rodríguez.
En realidad, la propia Corte Suprema de Justicia en 2019 ya se expidió rechazando una acción de inconstitucionalidad promovida por la empresa Primo Cano Martínez que pretendía continuar con la explotación de pozos de gas natural en la reserva.
A esto hay que sumar que el propio Ministerio del Ambiente (MADES) de este gobierno remitió a las comisiones de Medio Ambiente y Legislación de la Cámara Baja un parecer técnico en el que solicitaba el rechazo de esta iniciativa legislativa.