Los diputados Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Walter García (Yo Creo) se refirieron al inicio del juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), por el caso Tajy, fijado para el 31 de agosto próximo, denunciándolo como una clara “persecución política” e hicieron un paralelismo con la huelga nacional de médicos, en referencia a que el cartismo, a los que hacen un buen trabajo, les da garrote.
“¿Recuerdan la pandemia? ¿Recuerdan ese tiempo que se puso a prueba nuestro país? Que nos mostró quién estaba dispuesto a poner el cuerpo, quién entendía que gobernar era realmente cuidar la vida y quiénes después simplemente usaron lo de la vida para un discurso electoral y conseguir votos y engañarle a la gente. La próxima semana, presidente, empieza el juicio oral contra Miguel Prieto y es importante decir esto. Estamos frente a un caso de persecución por política en plena democracia“, comenzó diciendo Ortega.
La misma sostuvo que no está en contra de que ningún político rinda cuentas ante la justicia, pero en este caso, señaló que el proceso está viciado por hechos “escandalosos” como que uno de los jueces intervinientes en el caso, Humberto Otazú admitió ser compadre de los Zacarías Irún (clan cartista esteño) y que se negó a admitir a testigos a favor de Prieto.
“En este país al adversario político se le corre con el Código Penal mientras que a los amigos del poder se les sigue protegiendo en total impunidad. Y eso no es justicia, eso es persecución. A esto se suma, en este caso que el juez no quiere tomar el testimonio de las personas que recibieron los kits de alimentos durante ese gobierno municipal. 75,000 kits se repartieron. ¿Y por qué no quiere? Porque está vinculado familiarmente con estas personas que deciden perseguir una y otra vez a Miguel Prieto, y no lo digo yo, él dijo de quién es compadre", apuntó Ortega.
La misma sostuvo que para el Cartismo, “Miguel Prieto es un delincuente por no haber dejado que la gente de Ciudad del Este se muera de hambre en la pandemia” y por ganarle en tres elecciones consecutivas al Partido Colorado y al Clan encabezado por el senador cartista Javier Zacarías Irún y al titular paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún.
“Prieto buscó que, en medio de una tragedia sanitaria, la gente de su ciudad no pase hambre. Por eso, él es un delincuente para ellos, porque logró en meses lo que los Zacarías Irún no lograron en casi 20 años de gobierno municipal, mientras gobernaban una ciudad solamente para ellos y para sus bolsillos”, pero sobre todo, Prieto “incomoda porque demostró que se puede gobernar sin pedirle permiso a Avenida España”.
Ortega también se solidarizó con el reclamo de los médicos que “hace apenas unos años los llamábamos héroes en plena pandemia, les aplaudíamos, veíamos cómo entraban a los hospitales sin saber si iban a salir contagiados e iban a contagiar a sus familias”, y ahora, “el gobierno les da la espalda”.
Gobierno de “persecución y muerte”, acusa Walter García
Por su parte, también en la etapa de oradores, el diputado Walter García (Yo Creo) también hizo referencia a la situación jurídica de Prieto y de los médicos, destacando que ambos casos tienen puntos en común.
“El problema de la salud pública en el país y la persecución política no son situaciones aisladas. Son dos caras de un mismo sistema de persecución y muerte”, dijo García, que también está imputado junto a Prieto en otras de las causas abiertas contra el presidenciable opositor.
El mismo remarcó que “en la caminata de los médicos, escuchaba el grito en las calles cuando decían: “Cuando no se roba, la plata alcanza”... y nosotros lo sabemos muy bien, en Ciudad del Este, porque durante el gobierno (municipal) de Miguel Prieto hicimos la mayor inversión municipal en salud pública en la historia de Ciudad del Este".
El mismo sostuvo que en pandemia, mientras el gobierno central, en ese entonces de Mario Abdo Benítez (ANR, Añeteté), instalaba unidades de terapia intensiva improvisadas en carpas, ellos construyeron un pabellón en tiempo récord, se compró una ambulancia, entre otras inversiones.
El Partido Colorado viene “utilizando como garrote a las instituciones como la Contraloría y la Fiscalía. Y hoy adelantan un juicio a un mes de las elecciones municipales. Qué cosa, ¿no?... Qué coincidencia. Estamos ante un nuevo capítulo de esta historia de persecución política", dijo.
García también acusón de manipulación jurídica del caso, mencionado el adelantamiento del juicio previsto inicialmente para 2027, a antes de las elecciones municipales del 4 de octubre próximo. No obstantes, sostuvo que este ya es un modus operandi repetitivo.
“Ahora es Miguel Prieto (el perseguido), pero antes estuvo la senadora Kattya González, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y el primer presidente de la alternancia del Paraguay, Fernando Lugo. No respetan la voluntad popular, usan los poderes del Estado y su mayoría para perseguir a sus adversarios políticos”, refirió García.
El diputado opositor remató diciendo que pese a su intención de utilizar el garrote contra los opositores, no van a lograr su cometido de anularlos como alternativa electoral para el 2028.