Luego de un nuevo intento de postergación sin más, finalmente la mayoría de la Cámara de Diputados acordó aprobar en general y postergar por una semana el estudio en particular de los proyectos de ley denominados “Ley Memby” que pretende clarificar los mecanismos para los débitos automáticos de las pensiones para los hijos, y otra que amplía considerablemente los castigos contra los deudores alimentarios en el Redam.
El más debatido fue el proyecto de Ley “Memby” como se definió al “que modifica y amplía el artículo 189 de la Ley N° 1680/01, ‘Código de la Niñez y la Adolescencia’ - Ley Memby”, cuyo tratamiento en la fecha fue primeramente defendido por uno de sus proyectistas, el diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA).
Franco explicó que este primer proyecto busca establecer un monto unificado para las pensiones y que dicho “monto se actualizará automáticamente conforme varíe el salario mínimo, evitando la necesidad de solicitar cada año un nuevo pronunciamiento judicial únicamente para adecuarlo”.
Por otra parte, otro aspecto central del proyecto es que, ante el incumplimiento de la obligación, se faculta al juzgado a disponer sin necesidad de iniciar un nuevo proceso de ejecución de sentencia la aplicación de medidas concretas de cumplimiento
Entre esta por ejemplo, la retención inmediata hasta el 50% de los ingresos regulares del alimentante, incluyendo salarios, jubilaciones, pensiones, cuentas bancarias y otras fuentes variables, el descuento automático de la asistencia, la inscripción directa al Redam, entre otros.
“De todas las denuncias que tenemos hoy en día en el Poder Judicial, (por incumplimiento del deber alimentario) hay 48.000 casos, de los cuales se llevan procesados efectivamente apenas el 2% (unos 960 casos). Es por ello que urge la aplicación de esta ley, no mirando la situación del padre o madre, sino salvaguardando el buen vivir o el mejoramiento de la calidad de vida de cada niño o de cada niña”, remarcó Franco.
Pese a esto, el diputado cartista Alejandro Aguilera pidió postergar por 8 días, alegando que recién hoy ingresó a la Cámara el parecer que solicitaron de la Fiscalía y del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.
A partir de este planteamiento, llovieron las críticas de los opositores que advirtieron en este planteamiento un intento de seguir dilatando el tema.
“Un país que dice proteger a sus niños no puede permitir que sus derechos dependan de que un adulto decida cumplir o no con sus obligaciones. Ellos no pueden esperar. Así que la justicia que protege la infancia tampoco debería hacerlo (esperar)”, cuestionó la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional), negándose a la postergación.
Finalmente, como postura intermedia se acordó la aprobación en general y postergación por 8 días, lo mismo que con el proyecto de ley “que modifica y amplía la Ley N° 6506/2020, ‘que modifica los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 de la Ley Nº 5415/2015, `que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam)“.
Esta iniciativa plantea aumentar el castigo contra los padres que adeuden más de 3 cuotas de pensión para sus hijos, estableciendo como nuevos castigos eventuales las siguientes prohibiciones:
- Obtención y renovación de licencias y permisos de conducir.
- Salida del país mientras subsista la deuda alimentaria, salvo autorización judicial fundada.
- Expedición o renovación del pasaporte.
- Acceso a eventos deportivos, recreativos y culturales de carácter masivo organizados con fines comerciales.
- Acceso a cargos públicos, nombramientos, contrataciones, concursos o designaciones dentro de la administración pública mientras permanezca vigente la inscripción.
- Asunción a funciones públicas, candidaturas electivas y contrataciones estatales.
- Posibilidad de condena en costas procesales y reparación de daños materiales y morales ocasionados por el incumplimiento deliberado de la obligación.