La auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) a las inversiones en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) del Instituto de Previsión Social (IPS), además de señalar la falta de protocolos internos ante eventuales liquidaciones de entidades bancarias depositarias y el nivel de concentración de recursos en Ueno Bank, detalla una reorganización en los fondos en guaraníes, caracterizada por la disminución de posiciones en instituciones con calificación AAA (la más alta) y un incremento en entidades con categoría AA.
El informe de 300 páginas, elaborado por la Dirección General de Control de Finanzas Públicas, detalla que los instrumentos en moneda local con calificación AAA bajaron del 22,72% en 2023 al 15,36% en 2025, lo que representa una reducción de 7,36 puntos porcentuales frente a 2023 y de 7,11 puntos porcentuales respecto a 2024. En moneda extranjera, los fondos colocados en la categoría AAA subieron del 9,63% en 2024 al 17,12% en 2025.
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El documento atribuye este cambio al proceso de absorción del Banco Río Saeca por parte del Banco Continental Saeca, hecho que trasladó las colocaciones a una entidad de mayor calificación.
Respecto a la estructura general, el informe oficial indica: “Las variaciones observadas reflejan una recomposición en la estructura del portafolio del Fondo, con una mayor concentración de inversiones en entidades financieras con calificación AA, manteniéndose, no obstante, dentro de niveles considerados de bajo riesgo y adecuada solvencia financiera”.
La Contraloría precisa que la categoría AA representó al cierre de 2025 el 75,32% del total invertido en moneda local y el 64,65% en moneda extranjera. Esta variación respondió al cambio de calificación de entidades como Ueno Bank y Banco Familiar, que pasaron de la categoría A la AA.
Por su parte, las inversiones en la categoría A registraron una disminución de 4,42% entre 2023 y 2025, junto con un incremento de 4,8% en comparación con el ejercicio anterior.
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Coincidencia sobre Ueno
El historial de Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), en la previsional se presenta en el propio informe de auditoría de la Contraloría, calificándola como una “exposición significativa” en los últimos tres años. En 2023 recibió G. 80.000 millones (1% del total) con calificación A.
En 2024 mantuvo la calificación A hasta septiembre, mes en que subió a AA-. El 12 de noviembre de 2024, el IPS modificó su reglamento interno, con lo cual eliminó la exigencia de un patrimonio efectivo disponible para subastas electrónicas y fijó como requisito una calificación igual o superior a A.
Posteriormente, en 2025, la entidad bancaria de los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña logró alcanzar la calificación AA y ya cerró con G. 1,6 billones de recursos en CDA, lo que representaba el 19,7% del total del inventario de CDA en guaraníes, según el informe de la Contraloría.
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Se requiere buena gestión
Los auditores de la Contraloría General que elaboraron el informe señalan de manera contundente que “el Instituto de Previsión Social (IPS), principal soporte de la seguridad social en el país, maneja un volumen de recursos que requiere de su buena gestión, la cual debe ser cuidadosa y transparente, para garantizar a la larga el pago de futuras pensiones. En ese marco, el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (FCJP) se convierte en el activo estratégico esencial, cuya única función es la de afrontar el pago de las prestaciones jubilatorias”.
“Los recursos acumulados del FCJP, bajo el título de ‘Fondo de Reserva’, tienen como única finalidad la de garantizar las obligaciones por prestaciones futuras. Esos recursos se incrementan por superávit corriente (diferencia positiva de ingresos por aportes obrero-patronales menos egresos por pagos de jubilaciones y pensiones) y por las rentas generadas de sus inversiones”.
“Este informe de auditoría expone los resultados de una auditoría de las inversiones financieras, con un enfoque particular en los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y así como los activos inmobiliarios de renta gestionadas por el Instituto de Previsión Social (IPS). De acuerdo con el marco legal vigente, establece que las inversiones del Instituto deben realizarse bajo principios prudenciales de seguridad, plazo, garantía y rentabilidad”, puntualiza de manera clara.