La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), fue acusada días atrás por la fiscala Betti Brítez por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y declaración falsa por un presunto daño patrimonial de G. 299.231.000 durante su gestión en el año 2021.
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Al mismo tiempo, la política liberal enfrenta un juicio oral por el presunto desvío de G. 1.199 millones correspondientes al ejercicio 2019,durante el cual testigos tras testigos confirman las acusaciones del Ministerio Público.
Sin embargo, la jefa municipal parece estar más preocupada por la disciplina partidaria. Recientemente remitió una denuncia al Tribunal de Conducta del PLRA, presidido por Édgar Villalba, en la que acusa al exsenador Amado Florentín, a concejales y a otros dirigentes de trabajar activamente por una candidatura de la tercera fuerza y no por la lista oficialista liberal.
Según la denuncia de Fernández, el candidato apoyado por el grupo de Florentín, Rodrigo Kirchhofer (Lista 50 - Movimiento Todos por Valenzuela), es en realidad, «una persona afiliada a la ANR que hoy simula ser independiente». Sin embargo, la ANR postula de forma oficial a Luis Cantero (Lista 1).
El malestar de la intendenta saliente radica en que el candidato a intendente del PLRA es su hermano, Manuel Fernández (Lista 2), y la primera candidata a la Junta Municipal es su hermana, Edith Fernández, designada en este puesto luego de las internas municipales, ya que la jefa municipal renunció a su postulación por no querer renunciar a su cargo de intendenta.
Asimismo, la intendenta acusó de inconducta partidaria a los concejales salientes Federico Martínez Villalba y Gloria Estela Acuña Espínola, a la funcionaria del Registro Civil Guillermina Peralta de Samaniego y al funcionario del Registro Electoral del TSJE Juan Carlos Chávez Romero. Sostiene que todos accedieron a sus cargos o escaños gracias a la estructura del PLRA.
Fernández ofreció pruebas documentales y testificales, solicitando al Tribunal de Conducta la suspensión de la afiliación de todos los denunciados, así como la inhabilitación para postularse a cargos electivos.