El pedido de informes al BCP fue presentado por la senadora Lilian Samaniego y contiene seis preguntas dirigidas al Banco Central del Paraguay y a la Superintendencia de Bancos. Se trata de un nuevo requerimiento relacionado con el mecanismo de desembolso de los préstamos del IPS, luego de otro pedido similar impulsado por el senador Rafael Filizzola (PDP).
Uno de los principales puntos que deberá responder el BCP es si existe alguna disposición legal, reglamentaria, operativa o técnica que impida al IPS acreditar directamente el dinero de los préstamos en cuentas que los beneficiarios ya tengan en cualquier entidad financiera habilitada.
La consulta busca determinar, además, si el asegurado puede indicar libremente la entidad financiera en la que desea recibir el dinero.
El planteamiento adquiere relevancia ante la posibilidad de que los beneficiarios tengan que abrir una cuenta en una entidad determinada para acceder al desembolso de sus préstamos.
¿El BCP permite transferencias masivas para los préstamos del IPS?
Samaniego también solicita que el Banco Central informe cuáles son los mecanismos disponibles dentro del Sistema de Pagos del Paraguay para realizar acreditaciones o transferencias masivas hacia cuentas de distintas entidades financieras.
Además, pide determinar si estos mecanismos tienen capacidad técnica para procesar entre 1.800 y 2.000 desembolsos mensuales.
Otro de los cuestionamientos apunta a establecer si, desde el punto de vista de las normas bancarias y de protección al usuario financiero, es admisible condicionar el desembolso de un préstamo otorgado por una entidad no financiera a la apertura de una cuenta en un banco específico.
El BCP deberá informar también cuáles son las reglas sobre consentimiento, información al cliente, contratación de cuentas y libertad de elección del usuario cuando una cuenta bancaria es abierta principalmente para recibir fondos provenientes de un tercero.
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El pedido también pretende conocer si desde 2020 hasta la actualidad el Banco Central o la Superintendencia de Bancos recibieron consultas, comunicaciones, reclamos, denuncias o pedidos de opinión relacionados con el mecanismo de desembolso de los préstamos del IPS.
La consulta menciona expresamente al IPS, Visión Banco, Ueno Bank y otras personas o entidades que pudieran haber planteado el tema ante los organismos reguladores.
En caso de existir antecedentes, se solicita que sean remitidas las copias y las respuestas correspondientes.
Senado vuelve a analizar interpelación a Claudia Centurión
Otro de los puntos que concentrará la atención del pleno será el pedido de citación e interpelación a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.
El planteamiento figura como octavo punto del orden del día y vuelve al Senado después de haber sido postergado a pedido del senador Líder Amarilla (PLRA), uno de sus proyectistas.

La iniciativa enfrenta un escenario político incierto. El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, ya manifestó su oposición, al igual que el líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase.
La Constitución establece que cada Cámara puede citar e interpelar a ministros y otros altos funcionarios por mayoría absoluta. La Ley N° 164/93, que reglamenta el procedimiento, también establece que la propuesta debe ser aprobada por mayoría absoluta de votos.
¿Por qué quieren interpelar a Claudia Centurión?
El cuestionario está relacionado con el accidente ocurrido el 15 de agosto en el cruce semafórico de la compañía Pedrozo, en Ypacaraí, donde fallecieron cinco personas, según la exposición de motivos del proyecto.
Los proyectistas sostienen que el análisis no debe limitarse a la eventual responsabilidad individual del conductor, sino que debe abordar las condiciones de seguridad vial y las obligaciones que corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La definición dependerá de la correlación de fuerzas en el Senado y de si los impulsores logran reunir la mayoría absoluta necesaria.
Se analizará un aumento para agentes comunitarios de salud
Entre los demás puntos figura un proyecto que plantea una ampliación presupuestaria de G. 7.000 millones y un aumento salarial del 20 % para los agentes comunitarios de salud que prestan servicios en las Unidades de Salud de la Familia.
La propuesta, presentada por el senador José Oviedo (Yo Creo), busca elevar de G. 2.900.000 a G. 3.480.000 la remuneración de unos 2.800 agentes. Oviedo pidió a sus colegas hacer justicia con los trabajadores y sostuvo: “Es poquita plata”.
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La senadora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC) señaló que, más allá de la aprobación de la ley, el Presupuesto General de la Nación podría establecer mecanismos para aplicar el aumento de manera gradual. Agregó que el Ministerio de Economía se encuentra en plena etapa de estudio del presupuesto.
El proyecto finalmente fue postergado y Oviedo no descartó que pueda ser incorporado dentro de la ley de presupuesto.
El senador Dionisio Amarilla (PLRA) valoró la iniciativa, pero cuestionó el momento en que fue presentada y consideró sospechoso que se busque recategorizar a los agentes antes de las elecciones municipales del 5 de octubre. Oviedo rechazó esa interpretación.
