El Juzgado Penal de Garantías del Fuero Especializado de Crimen Organizado a cargo de la jueza Teresita Sánchez, rechazó la revisión de medidas solicitada por la defensa del exintendente Hernán Adolar Schlender (ANR) y ordenó que siga recluido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretá.
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El exintendente tiene varias causas judiciales, que van desde presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, portación y tenencia de armas, hasta lesión de confianza, supuestamente por lavar dinero del crimen organizado en las cuentas bancarias del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El político colorado estuvo prófugo por casi un año; se presentó a su audiencia preliminar en el marco de la causa por presunta lesión de confianza a la Municipalidad de Jesús de Tavarangüé en octubre del 2025, y tras ordenarse el inicio de juicio oral, se “esfumó”.
El pasado 19 de agosto fue detenido y puesto a disposición del juzgado, donde se le ordenó su inmediata remisión a la cárcel de Cambyretá.
El supuesto perjuicio patrimonial al distrito es de G. 7.418 millones, en virtud de la utilización de documentos atribuidos a empresas, cuyos representantes legales negaron haber realizado los trabajos o cobros declarados ante la CGR. Según la investigación fiscal, se utilizaron las cuentas del Fonacide para lavar dinero presuntamente del crimen organizado.
El argumento de la jueza Sánchez para negarle la revisión de medidas fue que, como estuvo prófugo de la justicia existe peligro de fuga y, además podría obstruir la investigación.
Excontador condenado detenido<b> </b>
Por otro lado, el excontador Senón Cáceres Duarte, quien, según se probó en juicio, falsificó documentos para justificar irregularidades en la administración de Hernán Adolar Schlender, fue detenido el pasado 15 de setiembre.
Cáceres Duarte había sido condenado a cuatro años de cárcel en diciembre del 2025 y, tras apelar su condena en varias instancias y perder en todas ellas, tampoco se presentó para cumplir su estadía tras las rejas.
El contador finalmente fue detenido en el distrito de Obligado (Itapúa) y remitido directamente al Cereso.