El proyecto postergado hasta después de las elecciones municipales corresponde al Mensaje N° 372 del Poder Ejecutivo, remitido al Senado el 16 de abril de 2026, y plantea modificaciones a los artículos 52 y 56 del Estatuto Agrario, además del artículo 14 de la ley que crea el Indert.
El Gobierno sostiene que la reforma busca facilitar la titulación de tierras para familias campesinas, eliminando trabas económicas y permitiendo un esquema de pago diferido.
Durante el debate en el Senado, la senadora Esperanza Martínez (PPC) pidió que el tratamiento sea postergado hasta después de las elecciones municipales del 4 de octubre. Su moción finalmente fue aprobada con 24 votos a favor.
Martínez sostuvo que todavía no existe un debate suficiente sobre una reforma que, según su interpretación, puede modificar sustancialmente el régimen de propiedad de la tierra en Paraguay. “Acá le queremos dar al presidente del Indert grandes posibilidades de que él de manera discrecional se ocupe de distribuir la tierra en el Paraguay”, cuestionó.
La legisladora también alertó sobre una eventual extranjerización de tierras y reclamó que el proyecto sea discutido con mayor profundidad antes de su aprobación.
Yolanda Paredes habla de la “gran mentira” del gobierno
El discurso mas fuerte fue pronunciado por la senadora Yolanda Paredes (CN), quien rechazó que la iniciativa tenga como principal objetivo facilitar la titulación de tierras para los campesinos. “La gran mentira, presidente. Este proyecto no se trata de darle la facilidad de darle título al campesinado”, afirmó durante la sesión.
Paredes sostuvo que el punto central de la reforma sería ampliar las atribuciones del presidente del Indert, actualmente Francisco Ruiz Díaz, para disponer de tierras públicas. “Este proyecto se trata específicamente de dar más atribuciones al presidente del Indert para vender tierras públicas a personas no sujetas de reforma agraria”, afirmó.
“Ese es el caracú de esta cuestión. Y me extraña el senador Salym Buzarquis que quiera adelantar el punto al número uno o dos. Justamente un tema tan conflictivo como este. Entonces mi emoción es que permanezca en el punto que le corresponde”, había mocionado en su momento y pidió no adelantar ni atropellar.
La senadora calificó el planteamiento como parte de un supuesto “gran negociado” en complicidad con “cierto grupo de campesinos que quieren vender la historia de que este proyecto es para darle título al campesino. No, señor, no se trata de eso”, dijo.
También afirmó que se busca “darle más alas” a Ruiz Díaz para que el negocio se perfeccione una vez por todas en Paraguay. “Hay mucho más detrás de este gran negociado que una vez más quieren hacer a través del INDERT. Todos los anteriores presidentes del INDERT están presos por delincuentes”.
¿Qué sostiene el oficialismo sobre la reforma?
El senador Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista) defendió la necesidad de modificar el Estatuto Agrario y sostuvo que el proyecto responde, entre otros aspectos, a las dificultades que enfrentan los beneficiarios para obtener sus títulos.
Según Amarilla, la iniciativa busca facilitar la titulación, ampliar los plazos de amortización y contemplar cuestiones vinculadas con género.
El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) también defendió la discusión del proyecto y cuestionó que se lo presente únicamente desde la controversia sobre las atribuciones del Indert.
Buzarquis planteó durante la sesión que el punto 8 del orden del día sea adelantado, pero su moción no prosperó luego de que se plantearan objeciones al tratamiento inmediato.
Senado posterga el proyecto hasta después de las municipales
Finalmente, el Senado aprobó la moción de Esperanza Martínez para postergar el tratamiento del proyecto hasta después de las elecciones municipales del 4 de octubre.
De esta manera, la reforma del Estatuto Agrario quedó pendiente y volverá a ser analizada posteriormente, en medio de un fuerte debate sobre el alcance de las facultades que se pretende otorgar al titular del Indert y sobre si la iniciativa está orientada principalmente a facilitar la titulación campesina, como sostiene el Ejecutivo, o si podría ampliar la discrecionalidad en la disposición de tierras públicas, como advierten las senadoras opositoras.