El Tribunal de Sentencia consideró probado que el exsenador Hernán Rivas hizo valer documentación falsa para acreditar una condición profesional que no poseía. La presidenta del colegiado, María Fernanda García de Zúñiga, lo describió como un “alumno fantasma”, al señalar que su supuesto paso por la universidad no dejó registros académicos que demostraran que efectivamente cursó la carrera de Derecho.
El tribunal también concluyó que el caso trascendió la esfera particular y tuvo un impacto institucional, debido a que Rivas utilizó esa documentación para ocupar espacios en instituciones del Estado, incluido el JEM, organismo constitucional encargado de intervenir en el juzgamiento de magistrados y fiscales.
Esperanza Martínez: “No fue un avivado que engañó a todos”
Tras conocerse la condena, la senadora Esperanza Martínez (PPC) cuestionó la interpretación de los cartistas acerca de que Rivas haya sido simplemente una persona que logró engañar al sistema.
“Rivas no fue un ‘avivado’ que engañó a todos: fue puesto en esa posición a sabiendas de que era una estafa”, sostuvo la legisladora.
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Según Martínez, esa situación habría sido precisamente lo que lo convirtió en una persona funcional a los intereses del sector político que lo promovió.
La senadora afirmó además que Rivas fue “un engranaje en la maquinaria de negociados e impunidad de la rosca mafiosa que nos gobierna”, una caracterización política que atribuye responsabilidades más allá del propio exlegislador.
El “alumno fantasma” que llegó a juzgar a jueces y fiscales
Uno de los puntos centrales del fallo fue la ausencia de evidencias sobre una trayectoria académica real.
La presidenta del Tribunal sostuvo que Rivas aparecía solamente en documentos finales, como el certificado de estudios y el título, pero no existían registros que acreditaran su recorrido universitario. “No cursó ni aprobó la carrera de Derecho”, concluyó la magistrada durante la lectura de los fundamentos del fallo.
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La importancia del caso, según el Tribunal, radica en que Rivas hizo valer una condición profesional inexistente ante instituciones del Estado y llegó a integrar y presidir un órgano constitucional como el JEM.
Martínez recuerda la denuncia de Kattya González
En su reacción, Esperanza Martínez también recordó el origen político de la investigación y apuntó a las consecuencias que tuvo para la entonces senadora Kattya González, quien denunció las irregularidades relacionadas con Rivas.
Martínez sostuvo que aquella denuncia le costó a González la “persecución y expulsión” del Senado por parte del cartismo y sus aliados.
La senadora planteó así que la condena de Rivas no debería cerrar la discusión sobre las responsabilidades políticas alrededor del caso, sino abrir el debate sobre quiénes facilitaron su llegada a espacios institucionales.