La Cámara de Diputados incluyó como primer punto del orden del día de mañana el proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo”, presentado por el diputado cartista Yamil Esgaib, que retorna del Senado con modificaciones que no cambian su esencia, que es elevar hasta 6 años de prisión los casos de “denuncia falsa”, además de imponer una compensación económica.
Lea más: Proyecto para criminalizar “denuncia falsa” genera dudas por posible sobrelegislación y ambigüedad
Actualmente, el Código Penal establece penas máximas de hasta 5 años o multa, cifra que con esta reforma se pretende elevar a 6 años (convertirlo en crimen y ya no solo en delito).
Para ello, la versión del Senado agrega a la redacción actual de la ley que “la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta seis años cuando las conductas previstas en el inciso anterior se refieren a hechos antijurídicos considerados crímenes” y que “se aplicará además la composición prevista en el artículo 59 de este Código”.
En audiencia pública se advirtió que el tema de la composición de hechos ya existía en la legislación vigente y que agregar la redacción que originalmente había planteado Esgaib, supondría una sobrelegislación.
Durante el debate en el Senado también se alertó de que esto podría en realidad desincentivar posibles denuncias reales, sobre todo las relacionadas con la violencia contra la mujer, en las que ya de por sí hay temor a denunciar y desconfianza en el sistema judicial.
Estas están sumamente fundadas en la inacción en muchos casos que terminan en feminicidios y más ahora, cuando donde quedó demostrado que un abogado mau como el exsenador cartista Hernán Rivas, tenía influencia nada más y nada menos que para juzgar a jueces y fiscales.
Es decir, una justicia cuestionable y con pruebas fundadas de injerencia y sometimiento político, podría tener mayores elementos para perseguir casos que ellos determinen que son “denuncias falsa”.
Esto no solo podría ayudar a encubrir casos de violencia, sino también desalentar denuncias contra la corrupción pública, como fue recientemente con el caso conocido como “Pupitres Chinos”, donde legisladores denunciaron una presunta sobrefacturación millonaria a manos del titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún, denuncia que fue desestimada por la Fiscalía.
La versión del Senado cuenta con dictamen a favor de su aceptación de las modificaciones, parecer emitido por la Comisión de Justicia presidida por Esgaib, lo que hace suponer que finalmente se allanarían a esa versión y de ser así, el proyecto quedará sancionado y debe ser remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto.