Ya en su comunicación de la remisión de las respuestas al pedido de informes del Senado, el Banco Central del Paraguay (BCP) lanzó una amenaza contra los legisladores en caso de filtración y hoy, poco antes de que se abra el sobre con los documentos, el senador cartista Natalicio Chase extendió la advertencia incluso a la prensa.
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“Si bien el artículo 7 inciso e) de la misma ley orgánica exceptúa a las Cámaras del Congreso, para acceder a dicha información (en cuya virtud se produce este informe), a ellas se les traslada el deber de secreto y las responsabilidades derivadas de su incumplimiento, a tenor de lo dispuesto de manera expresa en la misma disposición legal”, señalaba la nota del BCP dirigida al presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez.
En cuanto a Chase, también pretendió amenazar a sus colegas y a los medios de comunicación sobre la publicación.
“Cuando repartamos el informe, cada senador va a ser responsable de que se filtre o no. Y después también les pedimos a los medios que tengan la responsabilidad si por ahí hay un legislador que comete un delito [...] que no sea cómplice del delito el medio”, dijo en tono de amenaza.
Sin embargo, el abogado especializado en información pública y transparencia, Ezequiel Santagada, le recordó al legislador, que tanto él como sus colegas poseen fueros y que, sobre todo, la respuesta es información pública y por ende, de libre acceso para toda la ciudadanía.
“Primero, si un legislador ‘comete un delito’ al filtrar información de alto interés público, para eso tiene fueros. Y eso dejando de lado que las normas y los estándares internacionales sobre DD.HH. protegen a quienes filtran información de interés público”, comenzó señalando Santagada.
Incluso antes de la divulgación del informe, Santagada había enfatizado que no correspondía el alegado “secreto bancario” por parte del BCP, ya que el caso involucra a la entidad bancaria Ueno que administra fondos públicos.
Por otra parte, también enfatizo que los medios de comunicación están amparados legalmente para difundir la información si llega a sus manos.
“Si un medio accede a información generada por un ente estatal y la publica no es cómplice de nada, está ejerciendo la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Lo que hace el senador es censura indirecta. Está pretendiendo amedrentar para inhibir la libertad de expresión”, le reclamó al senador.
Esto está amparado tanto en el artículo 26 de la Constitución “De la libertad de expresión y de prensa”, que señala que “se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja”.
A esto hay que sumarle el artículo 28 de la Constitución Nacional “del derecho a informarse”, que en parte de su redacción señala que “las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas”.
Masi hasta lo trató de “idiota”
Por su parte, la exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista) también le respondió a Chase, tratándolo de “idiota” y recordándole el artículo 286 del Código Procesal Penal sobre la “Obligación de denunciar”.
“¿A quién amenaza ese? Estamos hablando de DINERO PÚBLICO, idiota!. UENO, el banco con hurreros y perifoneros, se fondea casi exclusivamente o exclusivamente con fondos públicos", disparó la ex legisladora.
El citado artículo del C.P.P. señala que “tendrán obligación de denunciar los hechos punibles de acción pública: 1) los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones”.
“Si existe sospecha de comisión de delitos, tienen obligación de denunciar o son cómplices y encubridores”, insistió Masi, que remató acotando que “de hecho ya lo son (cómplices) con el BCP que permitió todos los desmanes y la SuperIntendencia que no hace nada, por orden de (Santiago) Peña. ¡JAPOINA!“.
Si bien el documento señala la existencia de al menos un sumario administrativo abierto contra directivos de Ueno, esto no implica que no puedan indagarse incluso posibles hechos punibles.