El diputado Alejandro Aguilera salió al paso del debate legislativo para detallar el alcance del proyecto de ley que busca tipificar y sancionar penalmente las conductas que deriven en terrorismo financiero en el país.
La iniciativa prevé penas escalonadas según la gravedad de los hechos y la calidad del autor.
Respecto a las penas contemplatedas en la propuesta normativa, Aguilera detalló: “Las sanciones de hasta 5 años de pena de cárcel, va a 8 años en los casos graves y 10 años en los casos especialmente graves”.
Al ejemplificar la graduación de los castigos, precisó que “por ejemplo, si uno emite opiniones con base en las falsedades, va hasta 5 años”.
Agregó que la sanción se agrava cuando el impacto es mayor en la banca: “Si uno con lo que dijo ocurrió corridas bancarias, retiros masivos de fondos, retiros de inversiones, pueden ir hasta 8 años”.
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Asimismo, la iniciativa endurece los castigos para quienes tengan una responsabilidad directa o institucional dentro del sistema financiero. “Y si uno es, aparte aparte de cometer esos hechos punibles, es funcionario, accionista, administrador de un banco de plaza o del regulador, en este caso el BCP, puede ir hasta los 10 años”, aseveró.
Consultado sobre el origen de los rumores y las campanas de desinformación, el legislador sostuvo que provienen de diversos sectores con intenciones específicas: “De todos de todos lados, actores políticos y también hay intereses económicos muy fuertes. Vienen de varios sectores”.
Rechazo a destitución de autoridades del BCP
En otro momento, el diputado expresó su tajante postura frente a las iniciativas que buscan solicitar al Poder Ejecutivo la destitución de la máxima autoridad del ente regulador. “Total desacuerdo”, remarcó Aguilera al ser indagado sobre el planteamiento formulado por el diputado Benítez.
“El Banco Central del Paraguay tiene que ser independiente, no tiene que ser obsecuente ni obediente a ningún sector político ni tampoco a ningún sector económico”, defendió el congresista.
