Por unanimidad de los 45 presentes, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que pretende eliminar la exigencia de vínculo sanguíneo de la víctima colateral tanto con el asesino como con la asesinada para el cobro de una pensión, ya que con esa exigencia se dejaba desamparados, por ejemplo, a los hijastros.
Puntualmente se dio media sanción a la versión de la Comisión de Presupuesto del proyecto de ley “que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 7349/2024 “de pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar”.
La legislación vigente establece una pensión de G. 1.756.155 (quince jornales mínimos) para hijos/hijas o personas con discapacidad que estén en situación de dependencia, pero con vínculo sanguíneo directo tanto con el feminicida como con la víctima.
En la versión aprobada, se agrega que el “beneficio se extenderá igualmente a los demás hijos e hijas de la víctima que no posean vínculo filial con el autor, coautor, instigador o cómplice del hecho, siempre que al momento de su ocurrencia dependieran económicamente de la víctima para su subsistencia y como consecuencia del hecho, hayan quedado en situación de vulnerabilidad”.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR) abogó por que se apruebe el dictamen de su comisión, que agregó pequeñas precisiones a fin de que la reforma ses específica y efectiva.
“Quisiera destacar el liderazgo de la compañera Dalia Estigarribia (PLRA) en este proyecto. Es una modificación pequeña, pero enorme en significado. Técnicamente pequeña, de forma quizás pequeña, pero de fondo enorme. Y va a tener un impacto social gigante y es realmente un acto de justicia”, dijo Villalba.
Precisamente, la diputada Estigarribia, proyectista y presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, enfatizó el objetivo de la iniciativa.
“Con la ley actual, un hijo biológico del agresor recibe la pensión, pero su hermano de parte de la víctima, que sería el hijastro del agresor, queda excluido, a pesar de estar expuesto exactamente al mismo escenario de violencia”, comentó.
Ahora falta el segundo trámite en la Cámara de Senadores, que puede rechazar, modificar o sancionar. En este último caso, pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto.