“Lo que Asoban diga o deje de decir me tiene sin cuidado”, se despachó hoy el diputado peñista y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Aguilera. En las últimas semanas el parlamentario ha estado promoviendo inclusive un cuestionado proyecto de ley sobre presunto terrorismo financiero.
El representante de los diputados ante el JEM ha estado cuestionando a todos los que osan reclamar transparencia al Banco Central del Paraguay (BCP) y se ha convertido en un férreo defensor de algunas autoridades de la banca matriz. En sentido opuesto al pedido de aclaraciones de la cámara de Senadores, el diputado guaireño ha estado operando contra todos los intentos por transparentar el manejo financiero de fondos públicos.
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Sus declaraciones surgieron hoy tras ser consultado sobre el comunicado donde la Asoban advirtió que las explicaciones remitidas por el BCP al Congreso no despejan los interrogantes sobre la supervisión bancaria. El gremio desmintió que su reclamo obedezca a intereses comerciales y exigió que las normativas y medidas correctivas se apliquen por igual a todas las entidades del sistema.
Pese al aumento de denuncias e informes oficiales sobre el manejo opaco del BCP en casos con fondos públicos, Aguilera blindó a la banca matriz y a su titular, Carlos Carvallo (expresidente de Financiera Ueno- hoy Ueno Bank). Según el legislador, a Carvallo “lo reconocen en lugares de preeminencia y organismos internacionales lo premian”.
Castigo penal por denunciar
Coincidentemente con la defensa a la banca matriz -pese a las profusas documentaciones aparecidas- Aguilera impulsa un proyecto de ley que sancionaría con hasta 10 años de prisión a quienes cometan presuntos hechos de “terrorismo financiero”. Esta iniciativa coincide con la postura del gobierno de Santiago Peña, que atribuye las denuncias publicadas a una “campaña mediática”.
El proyecto de ley de Aguilera colisiona severamente con la libertad de expresión e incluso contra la expresa prohibición de censura previa. De avanzar el proyecto se silenciarían todas las actuales denuncias que han cobrado estado público con respaldo documental.
Como parte de su embestida, el diputado solicitó informes financieros sobre el Banco Atlas, entidad vinculada al grupo periodístico ABC Color. Las respuestas del BCP -que llegaron recientemente- contienen datos previamente filtrados y difundidos por voceros del sector político y empresarial afín al oficialismo, el cual acaparó millonarios contratos estatales y fondos del sistema previsional.
La actuación de Aguilera cobra especial gravedad porque representa a la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), rol desde el cual actúa como juez y parte en causas bajo investigación del Ministerio Público.
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Las irregularidades reveladas por el propio BCP
Documentos internos del BCP revelan cómo Ueno Bank (del Grupo Vázquez) intentó simular la desvinculación de sus empresas al transferirlas a exgerentes y empleados del propio conglomerado. Detrás de estos traspasos salieron a la luz millonarios créditos concedidos en condiciones precarias. Un equipo de supervisores detectó la maniobra y notificó formalmente al banco, entidad que hoy custodia US$ 855 millones provenientes del sector público y del Fondo de Jubilaciones del IPS.
Otro informe del BCP señala serias observaciones sobre la solvencia de la entidad y detalla un plan de fusión respaldado por facilidades financieras por US$ 691 millones, otorgadas por la banca matriz bajo la gestión de Carvallo.
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¿Quién es Alejandro Aguilera?
Aguilera ejerce actualmente como vice líder del bloque de diputados afín a Santiago Peña. Entre 2010 y 2021 perteneció a Honor Colorado, pero abandonó el sector cuando Mario Abdo Benítez le ofreció espacio para postularse al Congreso. Obtuvo una banca en 2023 a través del movimiento Colorado Añetete, pero tras su nombramiento en el JEM retornó a las filas del cartismo.
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Exintendente con cuentas pendientes
Antes de ocupar una banca en el Congreso, Aguilera fue funcionario de la Corte Suprema de Justicia y concejal de Villarrica. En mayo de 2021 asumió la intendencia tras la renuncia del colorado Gustavo Navarro Arza, cargo en el que permaneció hasta noviembre de ese mismo año.
Un mes después de su salida, el entonces nuevo intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), lo denunció junto a su antecesor ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) por supuesta lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y producción de documentos falsos, entre otros delitos que habrían provocado un perjuicio millonario a las arcas municipales.
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Según la denuncia, durante la gestión de Aguilera el municipio recibió un desembolso de USD 312.000 (donación de Taiwán) para la remodelación del Teatro Municipal de Villarrica. Sin embargo, unos G. 500 millones se desviaron para cubrir gastos ajenos al proyecto. A cinco años de la presentación formal, la Fiscalía no registra avances ni ha asignado fiscal para la investigación.
En julio pasado, tras ser reelecto en el JEM, Aguilera apoyó públicamente la decisión de la Fiscalía de desestimar el caso “Pupitres Chinos”, que investigaba sobrefacturaciones con fondos de Itaipú vinculadas a sectores del oficialismo. Su postura fue leída como un mensaje de presión hacia el juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia.