El Senado convocó a su sesión ordinaria para este miércoles, a las 9:00, con la expectativa de que el proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres cuente con los dictámenes de las comisiones asesoras para su tratamiento en el pleno.
La iniciativa vuelve a la agenda legislativa en un contexto alarmante: entre enero de 2023 y el 9 de octubre de 2026, Paraguay registró 130 víctimas de feminicidio, según datos del Ministerio Público. El promedio equivale a una mujer asesinada cada 11 días.
La propuesta pretende establecer una estructura judicial especializada para atender los casos de violencia contra las mujeres, desde las medidas urgentes de protección hasta los procesos penales por feminicidio, violencia familiar y delitos contra la autonomía sexual.
¿Por qué vuelve al Senado el proyecto de juzgados especializados?
La iniciativa ya había sido tratada por el Congreso, pero terminó vetada por el Poder Ejecutivo en 2025, después de sufrir modificaciones que alteraron su esencia y, según los antecedentes señalados, comprometían su aplicabilidad.
La senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) recordó que en 2024 se había acordado con el Poder Ejecutivo comenzar con cinco juzgados especializados en los lugares con mayor cantidad de denuncias: dos en Alto Paraná, dos en Central y uno en Asunción.
Sin embargo, la propuesta terminó desvirtuada durante su trámite legislativo. Ante este nuevo intento, Samaniego instó a sus colegas que habían votado en contra o no habían acompañado el proyecto a reconsiderar su posición.
La legisladora pidió revisar los antecedentes para comprender qué ocurrió durante el tratamiento anterior y sostuvo la necesidad de retomar la iniciativa con el objetivo de garantizar una respuesta judicial adecuada a las víctimas.
¿Cuántos juzgados y tribunales especializados se crearán?
El proyecto plantea una implementación progresiva de órganos judiciales especializados, con una primera estructura en Asunción, Central y Alto Paraná, para luego extenderse a las cabeceras departamentales.
Entre sus principales disposiciones, establece:
- Juzgados especializados: tres en Capital, cuatro en Central y uno en Alto Paraná.
- Expansión territorial: creación progresiva de un juzgado especializado en cada cabecera departamental, hasta cubrir todas en un plazo máximo de siete años.
- Tribunales de Sentencia: dos en Capital, dos en Central y uno en Alto Paraná, con expansión progresiva a otras ciudades.
- Juzgados de Ejecución: uno en Capital y uno en Central, con ampliación progresiva a otras localidades.
- Tribunales de Apelación: uno en Capital y otro en Central, con previsión de expansión progresiva a otras ciudades.
La propuesta también contempla la instalación progresiva de órganos especializados en ciudades como Villarrica, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y otras cabeceras y localidades incluidas en el proyecto.
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La implementación deberá ajustarse a las previsiones presupuestarias otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. El texto establece, además, que la creación de los órganos previstos en determinados incisos del artículo 6 deberá realizarse de manera inmediata tras la entrada en vigor de la ley, mientras que la etapa posterior de expansión de juzgados y tribunales de ejecución se desarrollará progresivamente en los ejercicios fiscales de 2027, 2028 y 2029.
¿Qué cambiará para las mujeres que denuncien violencia?
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que las mujeres víctimas de violencia reciban una respuesta judicial inmediata, eficaz y oportuna, con protección de su integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y económica.
El proyecto asigna a los juzgados especializados competencias para dictar y ejecutar medidas cautelares y de protección personal, así como para revisar medidas dispuestas por los juzgados de Paz.
También prevé que estos órganos intervengan en reclamos por daños y perjuicios derivados de hechos de violencia contra las mujeres y en investigaciones y procesos penales vinculados con feminicidio, violencia familiar, delitos contra la autonomía sexual y otros hechos punibles cometidos contra las mujeres por su condición de tales.
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En los casos en que existan causas conexas entre juzgados ordinarios y especializados, el proyecto otorga competencia a los órganos especializados en los términos establecidos por la propuesta.
En las localidades donde todavía no existan juzgados especializados, los juzgados de Paz podrán dictar y ejecutar medidas cautelares y de protección personal, conforme a las leyes vigentes, y posteriormente remitir las actuaciones a la jurisdicción especializada.
Atención con psicólogos y trabajadores sociales
La iniciativa no se limita a la creación de nuevos órganos judiciales. También establece requisitos de formación y asistencia para mejorar la atención a las víctimas.
El artículo 7 exige que quienes aspiren a integrar la magistratura especializada y los órganos auxiliares cuenten con formación en Derechos Humanos, con énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres, de al menos 120 horas cátedra.
A su vez, el artículo 8 dispone que los juzgados especializados incluyan, como mínimo, un profesional de Psicología y uno de Trabajo Social. También contempla la posibilidad de incorporar profesionales del área de Psiquiatría.
El proyecto obliga al Poder Judicial a promover la capacitación de magistrados y funcionarios, dotar de infraestructura adecuada a los órganos especializados y garantizar que las víctimas reciban información sobre su derecho a ser atendidas por personal capacitado.
Asimismo, plantea que las mujeres sean notificadas de las audiencias y de las resoluciones que pongan fin a los procesos, para que puedan ejercer sus derechos y ser oídas.
Paraguay registró 130 víctimas de feminicidio en casi cuatro años
Las cifras del Ministerio Público muestran la gravedad de la violencia letal contra las mujeres en el país.
Entre enero de 2023 y el 9 de octubre de 2026, se contabilizaron 130 víctimas de feminicidio. La distribución anual reportada por esta fuente es la siguiente infografía:
El registro de 2026 todavía es parcial, ya que el año no había concluido al momento del corte estadístico.
Además, hasta el 9 de octubre de este año se registraron 28 tentativas de feminicidio y 36 hijas e hijos quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes. De ese total, 26 son menores de edad.
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El departamento Central concentra 12 de los 20 feminicidios registrados en 2026, equivalente al 60% de los casos reportados en el país durante ese período.
Los datos también señalan que, en la mayoría de los hechos, el agresor es la pareja o expareja de la víctima y el crimen ocurre dentro de la vivienda.
El proyecto de ley fue presentado por: Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana), Esperanza Martínez (PPC), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Rafael Filizzola (PDP), Juan Afara (ANR, Causa Republicana), Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana).