La Fiscalía contabilizó 20 feminicidios hasta el 9 de octubre de este año, siendo uno de los últimos que generó mayor indignación el de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, quien fue asesinada a balazos presuntamente por su expareja, Aldo Alexis Duarte, quien tenía una orden de restricción ante las denuncias realizadas por Deisy por acoso.
Su asesinato fue captado en imágenes de circuito cerrado, evidenciando como pese a contar con una orden de restricción, las instituciones no la hicieron efectiva para proteger a la víctima.
Hoy, el ministro del Interior, Enrique Riera, fue consultado sobre como actúa tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional en los casos de los hombres violentos denunciados por sus parejas y que cuentan con orden de restricción, a lo que respondió que son “casi incontrolables”, al igual que los casos de arresto domiciliario sin tobillera electrónica.
“Son casi incontrolables y dije, y me critican por esto, espero ser bien entendido, si el cornudo ve a su novia o a su señora a 500 metros de su lugar de alejamiento, generalmente uno de sus mejores amigos, alguien que compartía con ellos, ‘¡ah, qué bandida!, y este hijo de su madre se vuelve loco y atropella, no hay policía que llegue a tiempo, y hace 500 m en 1 minuto y medio, y le rompe la cara a él, a ella o le mata”, refirió.
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Uso de tobilleras depende de “ponerse de acuerdo”
Explicó que para hacer uso de las tobilleras electrónicas en estos casos, depende de que las instituciones que conforman el Sistema de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec), es decir, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior se pongan de acuerdo.
“En el mismo momento en que se le pone la tobillera al agresor, se le entrega un teléfono a la víctima que en tiempo real sabe dónde está. Realmente muchas mujeres y muchas esposas le encantaría tener esto sin delito para saber dónde está el marido. Pero en líneas generales, lo digo en forma jocosa, ante un tema serio, porque realmente es una protección”, señaló.
Agregó que desde hace 10 años que buscan aplicar la ley del uso de tobilleras electrónicas; sin embargo, siguen encontrando obstáculos, por lo que pidió que jueces y fiscales lo implementen contra los agresores, a fin de que la policía pueda monitorearlos y cuando estos violen el perímetro, las fuerzas de seguridad, reaccionen deteniendo al agresor y protegiendo a la familia.
Aclaró que en caso de intento de feminicidio, se debe aplicar la prisión preventiva directamente, ya que es una causa más grave que la de violencia, aunque consideró que la gradualidad de la amenaza debe ser determinada por los juzgados.
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Central de monitoreo 24 horas
Detalló que cuentan con el sistema de emergencia de la Policía Nacional 911 activado 24 horas, cuentan con 900 motos y 1.800 linces, todas con sistema de GPS, también tienen 600 patrullas y 2.800 radios, todas monitoreadas en un video wall, donde ven en tiempo real de dónde entra la llamada geolocalizada y cuál es el policía que está más cerca.
“Entonces se va y gradúa el riesgo. Si la que sale dice, ‘no, no pasó nada, se me disparó nomás’, tiene que averiguar el policía dónde está tu marido, qué pasó o si le ve un golpe en el rostro, tiene que proceder, detener a la persona, llamar al fiscal y darle una respuesta completa, pero la policía sola no puede. Necesitamos un policía que detenga, un fiscal que acuse, un juez que condene y una justicia penitenciaria que lo retenga o lo reponga”, afirmó.
Dijo que existe miedo por parte de los jueces que aplican el uso de tobilleras, ya que pueden ser cuestionados por “haber tocado unos mangos”, ya que es una medida que se considera como “beneficio” para los procesados para evitar la cárcel.
Agregó que existe presupuesto para las tobilleras, porque el que puede pagar la tobillera, la paga, y al Ministerio de Justicia le cuesta la mitad del costo de mantener a una persona privada de libertad (PPL), incluso el ministro, Rodrigo Nicora, le expresó que tiene 1.000 PPL identificados para sacarlos de las cárceles y aplicarles la tobillera, pero aún así, de las 1.000 tobilleras que tienen, solo usan 255 y que incluso muchas veces, cuando se aplica, se utiliza durante tres meses y después la persona prevenida se libera.
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Precisó que de los 255 a los que se le aplicó la tobillera, solo 53 son casos de violencia e insistió que en todos estos casos “nunca más volvieron a tocarle a su pareja”. También detalló que son 4.000 personas con orden de restriction y alejamiento por violencia.
Recordó el presupuesto del Ministerio del Interior para el 2027, el cual es de G. 5.504 billones (aproximadamente US$ 852 millones) según lo que se presentó al Congreso Nacional. “¿Ustedes le parece que para salvar la vida a una mujer no se puede conseguir US$ 3 millones más? Claro que se puede”, refirió.
Riera presentó modificación de la ley de tobilleras
Agregó que entregó un proyecto de modificación de la ley de tobilleras electrónicas para aplicarla a los que son denunciados por violencia, independientemente a que se les aplique arresto domiciliario o no. La misma fue entregada a la diputada colorada cartista Rocio Abed, y al diputado liberal Jorge Ávalos Mariño.
Pidió a quienes sean testigos de hechos de violencia contra la mujer que los denuncien, ya que consideró que no es un problema de pareja y corre riesgo de que se produzca una escalada de violencia.
“Esa mujer se muere, el imbécil se suicida y los niños quedan solos. Este es un problema de familia, no es solamente la principal víctima que es la mujer. Entonces, ¿cómo queda el papá de la fallecida? No quiero ni pensar cómo queda el papá del asesino, cómo le cría a mi hijo. O sea, el daño social que le hacemos si no tomamos esto en serio es brutal”, concluyó.
El ministro participó de una reunión de trabajo interinstitucional con el objetivo de analizar la situación del feminicidio en Paraguay, organizada por la diputada del Partido Patria Querida por Central, Rocio Vallejo.