El presidente de la Comisión de Entes Binacionales, diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), presentó el proyecto de resolución “que pide informes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre su situación económica y financiera, los costos de adquisición de potencia y energía eléctrica de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, los contratos de suministro y la disponibilidad de potencia eléctrica”.
Preocupado por “posibles repercusiones sobre la sostenibilidad financiera de la institución (ANDE) y las tarifas abonadas por los usuarios”, el diputado Espínola solicita al pleno remitir a la ANDE una serie de preguntas sobre el uso y manejo de nuestra energía en nuestras dos principales hidroeléctricas: Itaipú y Yacyretá.
Según señala el proyectista en la argumentación de su pedido de informes, “preocupa la evolución del endeudamiento institucional (de la Ande), las pérdidas de energía eléctrica no facturada y la creciente demanda de potencia por parte de industrias de gran consumo, centros de datos y emprendimientos vinculados a nuevas tecnologías”.
El gobierno de Santiago Peña, además de agregar a Paraguay como socio de la Iniciativa Pax Silica, que apunta al desarrollo de la “superinteligencia” con el aporte de minerales críticos y recursos hidroeléctricos del país firmante, anunció la firma de un acuerdo para la instalación de la empresa estadounidense electrointensiva Crusoe, que usará energía de Itaipú.
Pedido de informes para conocer alcances de acuerdos con EE.UU.
El temor de legisladores disidentes y opositores, así como también representantes técnicos de la sociedad civil, es que se esté dejando caer adrede a la ANDE, que es la que por ley es la encargada del manejo de nuestra energía, no solo como producto comercial, sino como bien estratégico.
“Estas circunstancias (de aumento del consumo) hacen necesario conocer los criterios de asignación de potencia, las condiciones contractuales otorgadas a determinados sectores y la disponibilidad real de energía para atender tanto el crecimiento industrial como las necesidades de la población”, remarca el documento.
Las propias estimaciones del gobierno alertan la posibilidad de que para 2030 nuestro país llegue a agotar su excedente de energía, preocupación que se ve agravada por el hecho de que se hayan firmado acuerdos con la industria de gran consumo, cuyos contratos se deben honrar, lo cual podría terminar afectando al usuario.
El posible coletazo para los usuarios domiciliarios podría ser tanto el carecer de energía o que se encarezca, lo cual es igualmente duro para la ciudadanía en general. En este escenario, el Gobierno, mediante la ANDE, tiene el rol de “empresa pública responsable del suministro de energía eléctrica, cumple una función estratégica para el desarrollo económico y social del Paraguay”.
Ante esta situación, el pedido de informes finalmente remarca que el objetivo de requerir estos datos es el de contribuir a la transparencia en la administración de los recursos energéticos nacionales y disponer de elementos técnicos y financieros que permitan analizar las decisiones adoptadas y sus posibles consecuencias a mediano y largo plazo, resguardando los intereses de la ciudadanía y la sostenibilidad del sistema eléctrico paraguayo".
Mañana, el pleno de la Cámara de Diputados deberá analizar si da trámite a este pedido o la nueva mayoría peñista hace de obstáculo a la transparencia, como no sería de extrañar cuando esta misma mayoría era cartista.
Las pregunta son:
- Informar detalladamente sobre las deudas acumuladas por la institución, incluyendo las obligaciones con Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desglosadas por año, concepto y monto, desde el año 2020 hasta la fecha.
- Remitir un detalle de todos los pagos realizados por la ANDE, expresados en dólares estadounidenses (USD), en concepto de adquisición de potencia y energía eléctrica de Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde el año 2020 hasta la fecha, discriminados por año y entidad.
- Informar sobre el impacto económico y financiero que representan para la ANDE, conforme a las disposiciones de la Ley N.º 966/1964, los acuerdos operativos y las variaciones tarifarias aplicadas por Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el periodo 2024-2026, considerando los mayores costos de adquisición de potencia y energía eléctrica.
- Informar sobre el volumen total y el valor económico de las pérdidas de energía eléctrica no facturada, discriminando las pérdidas técnicas, las pérdidas por conexiones irregulares u otros factores, así como la cantidad de clientes activos que registran consumos no facturados, desde el año 2020 hasta la fecha.
- Informar sobre las solicitudes formales de suministro de energía eléctrica presentadas por clientes particulares e industriales desde el año 2023 hasta la fecha, especificando aquellas que se encuentran pendientes de atención, la potencia solicitada y la existencia de memorandos de entendimiento suscritos con los interesados.
- Informar las razones técnicas, jurídicas y administrativas por las cuales no se realizaron las subastas públicas previstas para el año 2023, destinadas a la adjudicación de 1.000 MW de potencia eléctrica, así como los fundamentos y procedimientos utilizados para su posterior asignación directa a empresas del Grupo de Consumo de Energía Intensiva (GCEI), en caso de haberse efectuado.
- Remitir el listado completo y actualizado de las empresas pertenecientes al Grupo de Consumo de Energía Intensiva (GCEI), con contratos vigentes de suministro eléctrico en media, alta y extra alta tensión, especificando la potencia contratada, fecha de inicio y vencimiento, posibilidades de prórroga posteriores al año 2028, costo medio de suministro expresado en USD/MWh, contratos y resoluciones respectivas. Incluir las empresas vinculadas a actividades de inteligencia artificial comprendidas en la Resolución P/N N.º 52.552, indicando sus condiciones contractuales y eventuales limitaciones posteriores al año 2028.
- Informar qué categorías de usuarios de la ANDE abonan tarifas medias ponderadas inferiores al costo técnico base del suministro eléctrico, considerando como referencia el valor de 44,33 USD/MWh señalado públicamente para el año 2025, especificando las tarifas aplicadas y las diferencias respecto al costo técnico correspondiente.