El pasado 15 de septiembre se aprobó la declaración de la Cámara de Diputados “que insta al Ministerio Público a investigar la posible comisión de hechos punibles en la adquisición, instalación y funcionamiento de la planta generadora de oxígeno medicinal del Hospital Nacional de Itauguá (HNI)”, la cual fue planteada por el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) tras constatar que esta era -según sus palabras- una estafa.
Esto, ya que la obra, que tuvo un costo de G. 21.254.822.456 y que fue ejecutada tanto durante el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez como durante esta administración de Santiago Peña en realidad está inoperativa, según denunció el legislador, quien a su vez, se hizo eco de las autoridades y funcionarios del Hospital Nacional.
En su respuesta, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, si bien dijo que “comparte la preocupación expresada por esa Honorable Cámara acerca de la protección del patrimonio público y la transparencia en los procesos de contratación, particularmente en el ámbito de la salud pública”, prácticamente les pasó toda la pelota.
Primeramente comenzó mencionando que la Dirección de Denuncias Penales no encontró ninguna denuncia penal hecha al respecto, pese a que lo expuesto por el diputado Vaesken, podía tomarse como noticia criminis y abrir una investigación de oficio.
Sobre todo porque los datos del contrato son públicos a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), así como el hecho de que la planta en realidad no está operativa.
En la nota firmada por Rolón, señalan que la consulta al Sistema Informático de Gestión de Denuncias (SIGEDE) “no permite afirmar ni descartar la existencia de una causa penal relacionada con los hechos mencionados en la declaración”, le pidieron al Congreso que remita eventualmente los indicios que tenga en sus manos.
Esto, pese a que es el Ministerio Público el que tiene la obligación de indagar posibles hechos punibles, más aún cuando son contra el patrimonio público.
“Si bien la documentación remitida individualiza la Licitación Pública Nacional SBE N° 42/21, ID Nº 399.911, el Contrato Nº 145/2022 y la empresa adjudicada, se solicita, por su intermedio, la colaboración de esa Honorable Cámara para complementar dichas referencias con los datos de identificación antes señalados, en caso de contar con ellos", señala la nota.
En la declaración que fue aprobada por Diputados, Vaesken también destacó que el propio personal del HNI remitió casi medio centenar de notas a la ministra de Salud, María Teresa Barán alertando de la situación, pero mantuvo un silencio cómplice.
La obra había sido adjudicada post pandemia a la empresa NEIGHPART S.A.E.C.A., según mencionó el diputado Vaesken y según consta en la DNCP.
